QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La próxima semana, en el Pleno del Congreso, Sumar presentará una propuesta para modificar la Ley de Vivienda de 2023 con el objetivo de impedir que entidades como empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión adquieran viviendas en España.
Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda de Sumar y diputado de Compromís, anunció en abril la presentación de esta iniciativa legislativa que busca «poner freno» a la especulación inmobiliaria. Tras más de siete meses desde su registro, el Pleno debatirá esta medida, según el borrador del orden del día de la sesión plenaria que ha sido reportado por Europa Press.
La propuesta sostiene que el derecho a la vivienda debe ser exclusivo de las personas físicas, quienes realmente disfrutan y viven la experiencia de una residencia. Sumar argumenta que la posesión de inmuebles residenciales por parte de personas jurídicas no se alinea con el derecho de uso habitacional, sino que se ve más como una inversión para obtener réditos económicos.
Por esto, el grupo parlamentario insiste en una reforma de la Ley de Vivienda para cortar la «especulación» y limitar el derecho de transmisión de propiedades residenciales a las personas, permitiendo a las jurídicas poseer únicamente aquellos inmuebles destinados a actividades económicas.
SUMAR DICE QUE LA PROPUESTA ES CONSTITUCIONAL
«Esta propuesta lo que busca es poner freno a la especulación y es una propuesta sencilla, con encaje constitucional, con encaje en el derecho europeo», explicó Ibáñez al presentar la iniciativa. Además, mostró su confianza en que la propuesta obtenga el respaldo necesario en el Parlamento, a pesar de que reconoció que no hay consenso sobre limitar la cantidad de viviendas que puede tener una persona.
«Estoy convencido de que el PNV y Junts se sienten cómodos diciendo adiós a los fondos buitre y, por tanto, creo que puede gozar de esa mayoría parlamentaria», concluyó Ibáñez.
