QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Sumar ha presentado una proposición no de ley ante el Congreso para establecer un banco de tierras agrarias estatal que estaría destinado a jóvenes, cooperativas y pequeños agricultores, además de implementar un conjunto de medidas para prevenir la concentración excesiva de tierras.
En la iniciativa, que será debatida en la Comisión de Agricultura, se busca ofrecer una alternativa al ‘agronegocio’ de entidades que promueven un modelo de agricultura ‘intensiva, deslocalizada, kilómetrica, y basada en transgénicos y semillas patentadas’.
Toni Valero y Enrique Santiago, diputados de IU en Sumar, sugieren crear este banco público en colaboración con los bancos de tierras regionales y locales existentes, para fomentar el empleo mediante actividades como la apicultura, la silvicultura o la ganadería ecológica, donde se prohíben los transgénicos.
Para llevar a cabo esta propuesta, Sumar pide al Gobierno, del cual es parte, que realice un inventario de tierras de propiedad estatal con potencial agrícola para integrarlas en el mencionado banco público de tierras, asegurando su viabilidad técnica, administrativa y económica.
Además, se busca precisar los criterios técnicos para determinar qué terrenos son ‘aptos’ para ser parte del banco público de tierras, considerando que muchas áreas públicas actualmente tienen roles ambientales, forestales o ganaderos que también aportan valor económico y social.
CENSO DE TIERRAS SUBEXPLOTADAS
La propuesta de Sumar incluye también la creación de un censo de tierras abandonadas o subexplotadas y comenzar las negociaciones con sus dueños para su inclusión en el banco público.
Se establecerán criterios objetivos y verificables para definir ‘abandono’ y ‘subexplotación’ para evitar inseguridad jurídica o disputas interpretativas.
Se solicita la formación de un grupo de trabajo liderado por el Ministerio de Agricultura con la inclusión de la FEMP, OPAs, cooperativas, organizaciones ecologistas y otras entidades relacionadas, con el fin de desarrollar una propuesta para su discusión en el Congreso sobre la operativa del banco público de tierras y las modalidades de gestión de las tierras cultivadas.
INFORME SOBRE LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN EL CAMPO
El grupo plurinacional solicita al Ejecutivo que prepare en seis meses un informe diagnóstico por expertos y entidades ‘con reconocida solvencia técnica o académica’ sobre el impacto de la compra masiva de tierras agrícolas por fondos de inversión en el sector.
En el análisis del informe, participarán organizaciones agrarias para evaluar los efectos de estas adquisiciones en aspectos como la despoblación, la inflación de precios, los cambios en el uso del suelo, el impacto ambiental, la soberanía alimentaria y el desplazamiento de pequeñas explotaciones.
La propuesta también insta a implementar todas las medidas necesarias para restringir la acumulación de tierras, incluyendo reformas legales para establecer límites de extensión, regular el derecho de tanteo y de retracto por parte de las administraciones públicas, exigir transparencia en las transacciones mercantiles de este tipo y medidas fiscales disuasorias.
Adicionalmente, Sumar pide incrementar la protección de los derechos de los arrendatarios, los derechos de tanteo y la concesión de contratos de arrendamiento a largo plazo para asegurar la tenencia y apoyar a los agricultores arrendatarios en obtener y mantener acceso a la tierra.
SUMAR PIDE LA LEY DE AGRICULTURA FAMILIAR
Además de esta proposición no de ley, Sumar ha presentado otra propuesta en la Comisión de Agricultura solicitando al Ministerio de Agricultura que elabore un proyecto de ley de agricultura familiar y ‘socialmente necesaria’ que fomente una transición agroecológica equitativa ante la crisis climática y de biodiversidad, priorizando la pequeña agricultura ligada al territorio.
Recuerdan que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anunció en julio de 2024 el inicio de un proceso de consulta con las organizaciones del sector para definir los detalles de la ley de agricultura familiar, que fue parte del acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar. Aunque el Ministerio de Agricultura todavía no ha presentado la propuesta, ahora es requerida a través de una proposición no de ley.
En su propuesta, Sumar incluye puntos clave que deberían estar en el proyecto legislativo, como el fin de las subvenciones a inversiones en explotaciones ganaderas intensivas como las macrogranjas y la eliminación de incentivos a la agricultura y ganadería industrial.
