Sumar ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para establecer un banco de tierras agrarias estatal destinadas a jóvenes, cooperativas y pequeños agricultores, además de implementar medidas para restringir la concentración de tierras.
Con esta propuesta, debatida en la Comisión de Agricultura, el grupo busca ofrecer una alternativa al ‘agronegocio’ promovido por ciertos actores que promueven un modelo de agricultura ‘intensiva, deslocalizada, kilómetrica, y basada en transgénicos y semillas patentadas’.
Los diputados de IU en Sumar, Toni Valero y Enrique Santiago, sugieren que el banco público trabaje en conjunto con bancos de tierras regionales y locales para fomentar el empleo por medio de actividades como la apicultura, la silvicultura y la ganadería ecológica, donde se prohíben los transgénicos.
Sumar pide al gobierno, del cual es parte, desarrollar un censo de terrenos estatales con potencial agrícola para incluirlos en este banco, asegurando su viabilidad técnica, administrativa y económica. También se busca refinar los criterios técnicos para determinar qué terrenos son ‘aptos’ para ser parte del banco, considerando que muchas áreas públicas ya cumplen funciones ambientales, forestales o ganaderas que aportan valor económico y social.
CENSO DE TIERRAS SUBEXPLOTADAS
La iniciativa también contempla crear un censo de tierras abandonadas o subexplotadas e iniciar negociaciones con sus dueños para integrarlas al banco público. Se establecerán criterios objetivos y verificables de ‘abandono’ y ‘subexplotación’ para evitar inseguridad jurídica o disputas interpretativas.
Además, proponen formar un grupo de trabajo con el Ministerio de Agricultura y la participación de FEMP, OPAs, cooperativas, grupos ecologistas y otros organismos para discutir el funcionamiento del banco y la gestión de las tierras cultivadas.
INFORME SOBRE LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN EL CAMPO
Sumar solicita al gobierno un informe diagnóstico sobre el impacto de la compra masiva de tierras por fondos de inversión, analizando las consecuencias en la despoblación, los precios, los cambios de uso del suelo, el impacto ambiental, la soberanía alimentaria y el desplazamiento de pequeñas explotaciones.
La propuesta también exige medidas para restringir el acaparamiento de tierras, como reformas legales para establecer límites en la extensión de tierras, regular el derecho de tanteo y retracto, exigir transparencia en las operaciones y aplicar medidas fiscales disuasorias.
Sumar pide aumentar la protección de los derechos de arrendatarios, estableciendo contratos de arrendamiento a largo plazo para asegurar la tenencia y ayudar a los agricultores arrendatarios a mantener acceso a la tierra.
SUMAR PIDE LA LEY DE AGRICULTURA FAMILIAR
Adicionalmente, Sumar ha propuesto que el Ministerio de Agricultura desarrolle una ley de agricultura familiar y ‘socialmente necesaria’ que promueva una transición agroecológica justa frente a la crisis climática y de biodiversidad, priorizando la pequeña agricultura ligada al territorio. Este proyecto fue incluido en el pacto de gobierno con el PSOE, pero aún no se ha presentado oficialmente.