El diputado de Compromís y portavoz de Sumar en la Comisión de Transportes del Congreso, Alberto Ibáñez, ha planteado este jueves que la velocidad máxima en las autopistas españolas se rebaje a 110 kilómetros por hora, retomando así una medida aplicada temporalmente por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero con el objetivo de reducir el consumo energético.
Durante una comparecencia en la Cámara Baja, Ibáñez ha subrayado la necesidad de reforzar las medidas de protección social y económica ligadas al conflicto de Irán aprobadas por el Ejecutivo. En este contexto, ha insistido en la conveniencia de impulsar iniciativas que contemplen un posible desabastecimiento de materias primas y el consiguiente aumento de precios.
El portavoz de Sumar ha recordado que el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, ya ha reclamado a los gobiernos nacionales un plan de contingencia que incluya actuaciones para asegurar el suministro y, al mismo tiempo, recortar la demanda de combustibles, especialmente en el ámbito del transporte.
Ligado a estas recomendaciones, Ibáñez ha reclamado que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, pida al titular de Transportes, Óscar Puente, detener las ampliaciones de puertos y aeropuertos, puesto que “requieren una alta dependencia de la energía fósil”.
A continuación, ha detallado la iniciativa de recortar en 10 kilómetros por hora el límite de velocidad en las autopistas, una medida que el propio comisario de Energía ha puesto sobre la mesa, así como la implantación de la prohibición de los vuelos de corta distancia. Sobre este último punto, el Gobierno debe elaborar y remitir un informe que evalúe su viabilidad. Además, Ibáñez ha reclamado incrementar las frecuencias de los servicios de cercanías y de media distancia.
No sería una novedad en España, ya que en 2011, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, se acordó reducir de forma temporal el límite a 110 kilómetros por hora en autopistas y autovías, también con el fin de ahorrar energía. Aquella decisión se mantuvo en vigor apenas tres meses.