Sumar ha planteado que los abusos sexuales a menores de carácter sistemático o perpetrados en el ámbito de instituciones no puedan prescribir nunca, frente a la posición del PSOE, que circunscribe esa imprescriptibilidad únicamente a los delitos castigados con más de 10 años de cárcel.
Así se recoge en las enmiendas registradas por ambos grupos en el Congreso a la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la prescripción de los delitos contra la libertad sexual cometidos contra menores de edad. La propuesta, impulsada por el Parlamento de Cataluña, fue admitida a trámite en la Cámara Baja en 2024.
La iniciativa pretende retocar varias normas penales y procesales para que los delitos contra la libertad sexual cometidos por adultos sobre menores no prescriban cuando tengan la consideración de graves. Para los tipos penales menos graves, el texto prevé alargar los plazos de prescripción con el objetivo de que la víctima pueda denunciar, como mínimo, hasta los 50 años.
En esta línea, Sumar propone cambiar el apartado 3 del artículo 131 del Código Penal para ampliar los supuestos en los que los delitos sexuales contra menores quedan excluidos de prescripción. En particular, plantea que sean imprescriptibles cuando formen parte de un plan sistemático de persecución contra un colectivo vulnerable o cuando los abusos se hayan producido de manera continuada en el seno de una institución u organización.
“Tampoco prescribirán los delitos de terrorismo, si hubieren causado la muerte de una persona, ni los delitos contra la libertad sexual cuando fueran cometidos como parte de un plan sistemático de persecución de un colectivo vulnerable o se hubieran cometido en el seno de una institución u organización de cualquier tipo durante un tiempo prolongado, de forma continuada y sistemática y la victima fuera un menor de edad”, indica el socio minoritario del Gobierno.
Además, Sumar mantiene que, en los casos que no se ajusten a esos supuestos de imprescriptibilidad, el cómputo del plazo de prescripción se inicie cuando la víctima cumpla 45 años, la misma edad que figura en la proposición original.
El Grupo Socialista, en cambio, se decanta por un criterio vinculado a la severidad de la pena. Su propuesta es que solo queden sin prescripción los delitos sexuales contra menores cuya pena máxima prevista sea superior a 10 años de prisión.
Con este planteamiento, el PSOE acota la imprescriptibilidad a los supuestos considerados más graves desde el punto de vista penal, y evita que se extienda a la totalidad de los delitos contra la libertad sexual cometidos sobre menores.
El PP introduce la referencia a la “indemnidad sexual”
PP, Vox, Podemos, PNV, ERC y BNG también han presentado enmiendas propias a esta reforma. En el caso del PP, propone modificar el título de la norma para que pase a denominarse proposición de Ley Orgánica de modificación de la prescripción de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales cometidos contra menores de edad, incorporando expresamente el concepto de indemnidad sexual.
Vox, por su parte, reclama que los delitos de agresión sexual contra menores o personas especialmente vulnerables tengan plazos de cancelación de antecedentes penales de diez años y que se tipifique como delito cualquier conducta que promueva o facilite la participación de menores en actos sexuales, incluyendo la difusión o la justificación de dichas conductas.
El PNV defiende que los plazos de prescripción comiencen a contarse desde que la víctima cumpla 35 años y, si fallece antes de esa edad, desde la fecha del fallecimiento. En los delitos contra la libertad sexual cuya pena máxima sea de 15 años de prisión o más, propone que el cómputo arranque a partir de los 40 años.
Podemos plantea que determinados delitos graves contra menores de edad dispongan de un plazo de prescripción más largo, que empezaría a contarse desde que la víctima cumpla 50 años.
ERC, por otro lado, propone fijar el inicio del cómputo en los 45 años, incorporar el delito de torturas y retocar además algunas normas que afectan al matrimonio civil.
Finalmente, el BNG propone que no prescriban los delitos contra la libertad sexual cuando la víctima sea menor y la pena máxima asociada al delito sea igual o superior a tres años.