Sumar llevará el próximo martes, 24 de febrero, al Pleno del Congreso una proposición de ley con la que busca impedir que las empresas que desplacen su actividad industrial, productiva o de negocio a países ajenos a la UE o al Espacio Económico Europeo puedan ejecutar despidos colectivos.
El grupo plurinacional sostiene que esta iniciativa pretende blindar el empleo en situaciones como la de Sekurit, una de las dos factorías que la multinacional francesa del vidrio Saint Gobain mantiene en Avilés y que afronta un despido colectivo que, según Sumar, culmina un proceso en el que gran parte de su producción se ha ido trasladando a plantas situadas fuera de la Unión Europea.
El texto también alude a compañías como “Zara o H&M” y al conjunto del sector textil, que, de acuerdo con Sumar, ha sufrido sucesivas oleadas de deslocalización que han derivado en que una parte relevante de la fabricación se realice en condiciones laborales “particularmente duras e inseguras, en países que no consiguen garantizar los derechos mínimos de las personas trabajadoras”.
Con el fin de reducir el impacto social de estos movimientos empresariales, la formación impulsa una norma centrada en asegurar los derechos de las personas trabajadoras en los procesos de deslocalización y en la transmisión de unidades productivas.
“Las deslocalizaciones empresariales tienen como efectos directos en nuestro país la desinversión y el cierre de centros productivos, con la consiguiente reducción del tejido económico y destrucción de puestos de trabajo”, advierte Sumar en la iniciativa incluida en el orden del día del próximo Pleno, a la que ha tenido acceso Europa Press.
Reforma del Estatuto de los Trabajadores
La propuesta de Sumar plantea añadir una nueva disposición adicional al Estatuto de los Trabajadores para prohibir a las compañías que trasladen su actividad fuera de la UE la realización de despidos colectivos y extinciones de contratos por causas objetivas, así como las modificaciones sustanciales de las condiciones laborales y las inaplicaciones de convenios colectivos que estén ligadas a esos traslados.
Junto a ello, el texto incorpora una previsión específica para que las empresas que deslocalicen su producción y hayan recibido en los cuatro años anteriores ayudas vinculadas a uno o varios expedientes de regulación temporal de empleo o al Mecanismo RED se vean obligadas a devolver esos beneficios.
Además, el grupo confederal propone introducir otra disposición adicional destinada a “garantizar la transparencia” en los procesos de venta o transmisión de empresas y de unidades productivas, de forma que se facilite información completa a la plantilla y se habilite la participación de las organizaciones sindicales en las negociaciones y acuerdos entre la parte compradora y la vendedora.
Según Sumar, con este refuerzo normativo se consolidaría el principio constitucional de democracia en la empresa, al tiempo que se protegen los derechos y el bienestar de las personas trabajadoras en escenarios de crisis empresarial.