El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha confirmado que “carece de competencias” para impedir el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de más de 5.000 trabajadores en Telefónica, al estar condicionado por la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012.
Telefónica, donde el Estado figura como segundo mayor accionista con un 10% del capital, comunicó a finales del pasado año su plan para aplicar un ERE en distintas áreas de negocio de la compañía.
El diputado del BNG, Néstor Rego, presentó en el Congreso una batería de preguntas con el fin de conocer la posición del Gobierno sobre este ajuste de plantilla y sobre las posibles actuaciones a adoptar, al entender que el ERE resulta “tan desproporcionado” teniendo en cuenta la presencia pública en el accionariado y que la empresa registró en 2024 un beneficio neto de 2.304 millones de euros.
“Con estas cuentas sobre la mesa, no se justifica un ERE. Es absolutamente inconcebible que una empresa participada por capital público promueva la destrucción de empleos estables”, sostiene Rego en el escrito dirigido a la Cámara Baja, recogido por Europa Press.
En su contestación oficial, el Ejecutivo recuerda que, al tratarse de un despido colectivo, el departamento que encabeza la vicepresidenta Yolanda Díaz “carece de competencias como consecuencia de la derogación que respecto de esta cuestión supuso la reforma laboral del año 2012 impulsada por el Grupo Parlamentario Popular”.
La vicepresidenta Díaz impulsó en 2021 su propia reforma laboral con la intención de revertir los elementos más perjudiciales de la norma de 2012. Ese cambio legislativo, aprobado por un error de voto de un diputado del PP, no alteró, sin embargo, algunos aspectos clave del despido, como la indemnización en los casos declarados improcedentes.
“Es responsabilidad de la compañía”
Al mismo tiempo, el Gobierno ha evitado valorar el ajuste de plantilla, alegando que su 10% de participación en Telefónica es minoritario y que la operación “es responsabilidad de la compañía”.
En concreto, el Ejecutivo responde al diputado del Bloque que Telefónica opera como una empresa privada en la que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) mantiene una “participación minoritaria”. “Es responsabilidad de la compañía definir su propia estrategia en relación con la gestión de sus recursos”, subraya el Gobierno en su respuesta parlamentaria.
A continuación, el Ejecutivo incide en la “autonomía” de Telefónica como sociedad privada y en su margen para adoptar decisiones en función de su situación financiera y de su estrategia empresarial. Actualmente, el Estado, a través de la SEPI, es el segundo mayor accionista del grupo, solo por detrás de Morgan Stanley, que controla el 13,091%.