El Tribunal de Cuentas está en proceso de determinar si es adecuado realizar un informe de fiscalización sobre los fondos que se destinan a la inmigración «ilegal», según lo establecido por su mandato legal. Fuentes del organismo han comunicado a Europa Press que, tras recibir una solicitud de auditoría, proceden a evaluar su pertinencia legal antes de incluirla en su Programa Anual de Fiscalizaciones.
Recientemente, la Comisión Mixta Congreso-Senado del Tribunal ha dado luz verde a una petición de Vox para auditar los gastos dirigidos tanto a la inmigración «ilegal» como a los menores migrantes no acompañados. Esta propuesta, impulsada por el partido de Santiago Abascal, ha sido aprobada con 20 votos a favor de PP y Vox, y 15 votos en contra de PSOE y sus aliados.
En septiembre, Vox había presentado dos propuestas de fiscalización, aunque en la sesión de este martes solo se ha tratado la relativa a la inmigración «ilegal», omitiendo la gestión de menores extranjeros no acompañados. Vox ha manifestado que su intención es exponer el coste de la inmigración «ilegal», que acusan a PP y PSOE de intentar ocultar. Santiago Abascal destacó en una intervención en el Congreso que el mantenimiento de un inmigrante ilegal o de un menor extranjero no acompañado incurre en más gastos que el cuidado de un anciano español en una residencia.