En 2022, las subvenciones de 20 céntimos por litro de combustible, implementadas para mitigar los efectos económicos del conflicto en Ucrania, generaron un gasto de 6.288 millones de euros, extraídos de los Presupuestos Generales del Estado, conforme a un reciente análisis del Tribunal de Cuentas.
Este informe, que evalúa la bonificación especial y temporal en los precios de los combustibles y aditivos para vehículos, aplicada desde abril hasta diciembre de 2022, señala que el decreto ley 6/2022 fue el marco regulador de esta ayuda. El Tribunal de Cuentas centró su análisis en la eficacia con que se gestionó esta política por organismos como la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), el Ministerio de Hacienda, el Ministerio para la Transición Ecológica, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio de Consumo.
El informe del Tribunal, presidido por Enriqueta Chicano, reconoce que la medida se ejecutó «con rapidez y sin incidencias» significativas, destacando la colaboración de los proveedores minoristas de combustibles en la aplicación del descuento.
Entre los problemas identificados, se encontraron ciertas debilidades en la normativa, como las dificultades para aplicar ciertos controles y una distribución de roles no del todo clara entre las entidades involucradas. Además, se señala que la AEAT pagó 7,7 millones de euros de más a la Hacienda Foral de Navarra por no ajustar correctamente los anticipos pendientes. La cofinanciación por parte de operadores mayoristas también mostró ambigüedades que impactaron en hasta 532 millones de euros a favor de los consumidores finales.
Como conclusiones del informe, el Tribunal sugiere mejorar los sistemas de gestión de devoluciones tributarias en la AEAT y optimizar los registros manuales para posibilitar la automatización, además de establecer controles más efectivos y sencillos que aseguren la precisión de los datos remitidos a las autoridades.