La Fundación Hay Derecho ha instado al Congreso a llevar al Gobierno ante el Tribunal Constitucional por no haber presentado en los últimos ejercicios los Presupuestos Generales del Estado —el Senado ya ha interpuesto su propio recurso— y a establecer una regulación específica del Debate sobre el estado de la Nación, que no se celebra desde julio de 2022. Estas recomendaciones forman parte del primer informe Parlamento que la entidad ha dado a conocer en la Cámara Baja, encabezado por su directora, Safira Cantos.
En particular, el documento plantea que el Congreso promueva un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional frente al Ejecutivo por la situación "anómala" que supone no haber registrado "en tiempo y forma" los Presupuestos en los últimos años debido a la falta de una mayoría suficiente para sacarlos adelante.
El informe recuerda que se trata de una obligación expresamente recogida en el artículo 134 de la Constitución, argumento que ya llevó al Senado a recurrir al Alto Tribunal contra el Gobierno de coalición el pasado 24 de diciembre. En la actualidad, las últimas cuentas públicas vigentes en España son las de 2023.
El estudio, recogido por Europa Press, considera además "imprescindible" poner freno a la, a su juicio, "creciente politización" de las mesas del Congreso y del Senado, de forma que no sólo la Presidencia, sino también el resto de sus integrantes actúen "con imparcialidad y la debida neutralidad", y no "al servicio" de las direcciones de sus partidos.
Regular el Debate de la Nación y limitar atajos legislativos
Entre sus propuestas, la Fundación Hay Derecho reclama también que se regule el Debate sobre el estado de la Nación, que no tiene lugar desde hace cuatro años, con el fin de que no quede "al arbitrio" de los partidos que se turnan en el Gobierno.
La entidad pide igualmente poner coto al uso cada vez más frecuente de proposiciones de ley registradas por los grupos que sostienen al Ejecutivo para materias que deberían tramitarse como proyectos de ley, un procedimiento que permite esquivar controles previos esenciales, como las consultas públicas o los informes de órganos consultivos. En 2024, el 34% de las proposiciones de ley provenían del PSOE, de Sumar o de ambos socios de Gobierno.
El informe defiende además limitar el recurso "excesivo" a los decretos-leyes de tipo 'ómnibus', reducir la tramitación de iniciativas por el procedimiento de lectura única —que acorta al mínimo el debate parlamentario—, actuar "con rigor técnico-jurídico" en los vetos presupuestarios del Gobierno y rebajar el bloqueo estructural en la tramitación de iniciativas derivado del uso "persistente" de las prórrogas de los plazos de enmiendas, que mantiene decenas de proposiciones sin avanzar.
Retrasos legislativos y falta de transparencia
En este contexto, la directora de la fundación ha señalado que, si se hubiese tramitado ya la reforma de la Ley de Secretos Oficiales presentada por el PNV al inicio de la legislatura y no hubiera sufrido hasta 33 ampliaciones del plazo para registrar enmiendas, se habría producido ya una desclasificación automática de la documentación relativa a la intentona golpista de 1981.
La investigación detecta también problemas "graves" de transparencia y rendición de cuentas. Destaca que menos del 18% de los parlamentarios publica sus reuniones con grupos de interés o 'lobbies', pese a la obligación fijada en el código de conducta parlamentaria, y cuestiona la opacidad de los grupos parlamentarios en lo relativo a sus reglamentos internos y al manejo de fondos.
"Prácticamente es imposible tener información" sobre este extremo", ha denunciado Cantos, quien ha subrayado igualmente la necesidad de mejorar las páginas web del Congreso y del Senado para que recojan la huella normativa completa de las leyes, así como de reforzar la posición de los parlamentarios a título individual, dotándoles de recursos personales y materiales propios y ampliando el catálogo de iniciativas que pueden promover sin "supervisión del grupo parlamentario".
Estatuto de la oposición y control al Gobierno
La Fundación Hay Derecho considera también esencial fortalecer los instrumentos de control y fiscalización ordinaria sobre la acción del Gobierno y, en esta línea, propone la creación de un estatuto de la oposición. Plantea, además, habilitar espacios específicos para el debate y el seguimiento del grado de cumplimiento de los programas electorales y de los acuerdos de legislatura.
Entre otras medidas, la entidad sugiere revisar la normativa sobre comisiones de investigación, dado que en torno al 80% de las constituidas desde 1979 han concluido sin un dictamen de consenso; adaptar el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso al marco jurídico vigente; y comprobar que las declaraciones de bienes y actividades económicas de los parlamentarios recojan información "fidedigna y completa". En particular, reclama reforzar la independencia del órgano encargado de estas funciones, actualmente la Comisión del Estatuto del Diputado.
Participación ciudadana y nombramientos institucionales
Con el objetivo de impulsar la participación ciudadana, el informe aboga por revisar la regulación de la Iniciativa Legislativa Popular "para que no sea necesaria su toma en consideración por el Congreso" y, mediante una reforma constitucional, por reducir el número de apoyos exigidos, fijado hoy en 500.000 firmas.
Por último, Hay Derecho plantea que, en los supuestos en que las Cortes Generales intervienen en nombramientos institucionales, se introduzca una fase previa a la designación política con un concurso público y una evaluación experta, y que se recurra a sorteos en casos de bloqueo, evitando rebajar las mayorías cualificadas que suelen requerirse para este tipo de decisiones.