Una delegación del Parlamento Europeo formada por cinco eurodiputados de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior se desplazará esta semana a España para revisar la normativa nacional contra la corrupción y otros aspectos vinculados al Estado de Derecho. El objetivo es elaborar un informe en cumplimiento del mandato del Grupo de Trabajo sobre Democracia, Estado de Derecho y Derechos Fundamentales (DRFMG, por sus siglas en inglés).
Los cinco representantes de la Eurocámara que estarán en Madrid este lunes y martes son el presidente de la Comisión de Libertades, Javier Zarzalejos, del PP; el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé; la eurodiputada holandesa de Renew (liberales) Raquel García Hermida-van der Walle; Alessandro Zan, del Grupo de Socialistas y Demócratas, y la belga Assita Kanko, del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos.
La misión se centrará en la elaboración de un informe sobre la independencia del Poder Judicial en España, el marco jurídico para combatir la corrupción, la situación del Fiscal General del Estado, el papel de la sociedad civil y la calidad del procedimiento legislativo.
Durante su estancia, la delegación tiene previsto entrevistarse con representantes del Ministerio de Justicia, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, otros miembros del Alto Tribunal y del órgano de gobierno de los jueces, así como con el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
Reuniones con la judicatura, la Fiscalía y la sociedad civil
Los eurodiputados mantendrán también encuentros con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, con representantes de la Fiscalía Anticorrupción, de la Autoridad Independiente de Protección del Informante y con la Guardia Civil.
Según la información facilitada por el Parlamento Europeo, la agenda incluye igualmente reuniones con asociaciones de jueces y fiscales, organizaciones de la sociedad civil que trabajan en ámbitos como el Estado de Derecho, la transparencia, la lucha contra la corrupción, la igualdad y la no discriminación, así como con representantes de medios de comunicación y expertos académicos.
Entre los temas que analizarán figuran la reforma del CGPJ, el marco legal de la lucha contra la corrupción, la situación de la Fiscalía General tras la condena a su anterior titular Cándido Conde Pumpido y la calidad del procedimiento legislativo.
Desde el PP han acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros de Justicia, Félix Bolaños, e Interior, Fernando Grande Marlaska, de haberse negado a recibir a esta delegación de eurodiputados.
Críticas del PP a la negativa del Gobierno
Los 'populares' subrayan que esta misión llega tras los últimos informes europeos sobre el Estado de Derecho, el repunte de los casos de corrupción y los avisos reiterados sobre deficiencias en la independencia judicial en España. “Se trata de una visita de carácter excepcional, pues hasta ahora, solo se han realizado misiones de este tipo en Hungría y Eslovaquia, dos países sometidos a un escrutinio reforzado por parte de la Unión Europea”, resalta el PP.
La delegación del Partido Popular insiste en que no se trata de una visita meramente protocolaria, sino que es “consecuencia directa de los problemas persistentes que presenta España en materia de separación de poderes, funcionamiento de la Justicia y control del poder ejecutivo”.
En esta línea, reprochan al Ejecutivo que haya rechazado reunirse con los eurodiputados, a diferencia de lo ocurrido en Eslovaquia, donde el primer ministro sí recibió a la misión. Añaden que la solicitud de encuentro con Sánchez contaba con el apoyo de todos los grupos políticos del Parlamento Europeo, incluidos los socialistas europeos, pero fue igualmente denegada.
Retrasos en la directiva europea anticorrupción
El PP pone el foco en que, en materia de lucha contra la corrupción, los eurodiputados examinarán el retraso de España en la transposición de la directiva europea anticorrupción, un hecho que coincide con el elevado número de procedimientos abiertos contra el país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
También se tendrán en cuenta los últimos datos que sitúan a España en el puesto 49 del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International, con 55 puntos sobre 100, su peor registro desde que existen mediciones.
Además, el PP recuerda que el Gobierno anunció una estrategia anticorrupción tras la imputación, antes del verano, del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y denuncia que, ocho meses después, no se haya presentado aún un calendario, un contenido detallado ni medidas concretas que permitan valorar su aplicación real.