La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido este viernes en el Congreso que Cataluña es la comunidad autónoma que más recursos ha destinado a los propietarios con desahucios suspendidos a través del fondo de compensación a arrendadores, llegando en algunos casos a aportar hasta diez veces más que territorios gobernados por el PP.
Durante su intervención ante la Comisión de Vivienda, EH Bildu y Junts han centrado parte de sus críticas y preguntas en este mecanismo de compensación a arrendadores, creado por el Gobierno hace seis años dentro del decreto del escudo social y que ha quedado sin efecto esta semana tras la derogación del decreto 'ómnibus' gracias al voto en contra de PP, Vox y Junts.
El portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, ha reclamado a Rodríguez que concrete, entre otras cuestiones, qué volumen de recursos se ha movilizado con cargo a este fondo. Por su parte, la portavoz de Junts, Marta Madrenas, ha censurado que estas ayudas "no funcionan" y ha puesto como ejemplo que en Cataluña solo "apenas 523 propietarios" han podido acceder a la prestación, frente a "13.000 desahucios suspendidos", lo que supone "un 4% de los afectados".
Gestión autonómica y reparto de las ayudas
En su réplica, la titular de Vivienda ha insistido en que la tramitación y concesión de estas ayudas corresponde a las comunidades autónomas y ha precisado que, hasta la fecha, la que más ha abonado es Cataluña, con 8,1 millones de euros. A continuación se sitúan Baleares, con 740.000 euros; Aragón, con 312.000 euros; y Galicia, con 33.000 euros.
El Ejecutivo puso en marcha este instrumento para ofrecer cobertura a los caseros frente a posibles impagos de las rentas en contratos de alquiler. Ante las críticas de formaciones como Junts sobre el funcionamiento del fondo, el Gobierno decidió aprobar el pasado mes de diciembre una línea adicional de avales por 300 millones destinada a cubrir eventuales impagos de alquiler de jóvenes y personas vulnerables.
Tanto las ayudas del fondo de compensación como la nueva línea de avales dependen de la gestión de las comunidades autónomas. En el caso de los avales, se prevé la cobertura del impago de rentas, los desperfectos ocasionados en la vivienda y el coste de suministros que no correspondan.
Para acceder a esta protección, los propietarios deben formalizar contratos con menores de 35 años o con personas vulnerables, según la definición que establezca cada autonomía, percibir una renta que no rebase el índice estatal de referencia y tener depositada la fianza legal obligatoria del contrato de arrendamiento, así como sus actualizaciones. Además, es necesario suscribir con el inquilino el compromiso relativo al aval al alquiler, siguiendo el modelo fijado por la Administración.