Vox ha reclamado al Gobierno explicaciones, mediante dos preguntas parlamentarias por escrito, sobre la concesión de 150.000 euros a un proyecto en Brasil dirigido al “fortalecimiento y protección de indígenas LGTBIQIA+ del pueblo guaraní” y de 500.000 euros a otro en Colombia para impulsar la “diversidad sexual y de género”. El Ejecutivo, por su parte, justifica estas partidas en su política de defensa de los derechos humanos.
En el escrito registrado, la formación que encabeza Santiago Abascal detalla que, según informaciones publicadas en prensa, el Gobierno habría asignado 150.000 euros a una iniciativa cultural en Brasil gestionada por el colectivo 'Distrito Drag'. Esta ayuda, fechada el 22 de julio, aparece oficialmente bajo el título 'Programa Indígena 2025. Fortalecimiento y protección de Indígenas LGTBIQIA+ del pueblo guaraní'.
Vox añade que el Ejecutivo también habría concedido 500.000 euros en Colombia para promover la “diversidad sexual y de género”, a través de la Corporación Caribe Afirmativo, mediante programas aprobados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
El partido exige saber “de qué manera favorecerá a los españoles” la concesión de estos fondos y cuáles son las razones concretas que han llevado al Gobierno a autorizar estas subvenciones.
Asimismo, solicita un desglose de todas las ayudas que España ha destinado a terceros países relacionadas con la “diversidad sexual y de género” desde el 1 de junio de 2018 hasta la fecha.
No discriminación como “prioridad” de la política exterior
En la contestación remitida al Congreso, recogida por Europa Press, el Gobierno afirma que “la no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género es una de las prioridades de la política exterior española en materia de derechos humanos”.
En esta respuesta, el Ejecutivo destaca que España impulsa “numerosas acciones” en defensa de la protección de las personas LGTBI en distintos foros multilaterales y precisa que este “compromiso” se refleja también en la política de cooperación internacional, mediante proyectos específicos “destinados a capacitar a funcionarios y apoyar a las comunidades LGTBI” en América Latina y el Caribe, y en África.
El Gobierno sitúa estas subvenciones dentro del marco de la Agenda 2030 y del principio de “no dejar a nadie atrás”, remarcando que varios Objetivos de Desarrollo Sostenible incluyen medidas de reconocimiento de derechos y de lucha contra la discriminación.
Del mismo modo, argumenta que el proyecto en Brasil se justifica por la situación de especial vulnerabilidad que afronta el colectivo LGTBI en ese país, en particular en las comunidades indígenas, donde, según subraya, se registran altos niveles de violencia y obstáculos para acceder a servicios básicos.
De acuerdo con el Ejecutivo, la intervención se ha diseñado conjuntamente con el Ministerio de Derechos Humanos de Brasil y con organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de reforzar la protección y la seguridad de estas comunidades.