El Grupo Parlamentario de Vox tiene previsto llevar este lunes 16 de febrero a la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) en la que solicita la derogación de la Ley de Cambio Climático y del Pacto Verde Europeo.
Con esta iniciativa, la formación de Santiago Abascal pretende que la Cámara Baja inste al Ejecutivo a anular la Ley de cambio climático y transición energética y el Pacto Verde Europeo, y a revertir todas las medidas vinculadas al desarrollo de un 'mix energético' “que garantice la seguridad y la estabilidad del suministro eléctrico, así como precios asequibles para los españoles”.
Asimismo, Vox reclama que se impulsen infraestructuras para aprovechar todas las fuentes de energía posibles con el fin de alcanzar la soberanía energética. En esta línea, pide que se reconozca la energía nuclear y el gas como “energías limpias y sostenibles”, que se activen “todos los mecanismos necesarios” para frenar el cierre de centrales térmicas y que se proceda a la reconexión de aquellas instalaciones que ya hayan sido clausuradas.
Del mismo modo, el grupo demanda que España defienda en el seno de la Unión Europea (UE) la adaptación de las “imposiciones” sobre emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la realidad del país y de su tejido industrial, con el propósito de lograr una transición hacia fuentes menos contaminantes que, al mismo tiempo, mantengan el empleo y la actividad económica.
Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular planteará una PNL para que se refuerce en la normativa de aguas el reconocimiento explícito de la protección de la vida, la integridad y la salud humanas como “prioridad legal” en el ejercicio de las competencias del Estado sobre la gestión del agua, especialmente ante fenómenos como inundaciones y sequías.
En esta propuesta, la formación de Alberto Núñez Feijóo pide que el Congreso inste al Gobierno a consolidar en la legislación de agua esa protección de la vida, la integridad y la salud humanas como “prioridad legal”, y a garantizar una inversión “suficiente, planificada y prioritaria” en infraestructuras hidráulicas.
Los 'populares' reclaman, además, que la planificación y la gestión hídrica se fundamenten en criterios científicos y técnicos sólidos, elaborados por personal especializado de la administración pública, y que se asegure un proceso real de participación ciudadana.
En otro bloque, el PP aborda el reto demográfico y solicita que el Congreso inste al Ejecutivo a poner en marcha un marco integral de actuación frente a la despoblación, orientado al reequilibrio territorial y a ordenar las políticas estatales en este ámbito. Piden también que la acción política y normativa de la Administración General del Estado (AGE) se vincule a la evaluación de su impacto en el territorio y en la sociedad rural.
Así, los diputados 'populares' reclaman que el Gobierno garantice la prestación de servicios básicos en el medio rural con una financiación adecuada y medidas que mejoren su eficiencia y adaptación a las necesidades de estos municipios. En particular, solicitan asegurar la atención y el despliegue preferente de los recursos necesarios para mantener las funciones sociales esenciales, la seguridad y el suministro en los pueblos en situaciones de catástrofe o emergencia.
Igualmente, instan a activar un Plan Estatal de Vivienda específico para las áreas rurales, con el objetivo de atraer y fijar población mediante incentivos y ayudas a la rehabilitación de inmuebles y al aumento de la oferta de viviendas en los núcleos rurales. Reclaman también actuaciones que eviten el aislamiento de sus habitantes, modernizando la red viaria, impulsando un plan de choque para mejorar la movilidad y coordinando con las administraciones competentes la definición de los nuevos mapas concesionales del transporte regular de viajeros por carretera, tanto de ámbito estatal como autonómico.
Además, el PP subraya la importancia de facilitar la conciliación de la vida personal y laboral de las familias que optan por residir en el medio rural. Para ello, vuelve a plantear medidas como la gratuidad total de la educación infantil de 0 a 3 años y la creación de espacios de conciliación allí donde no existan escuelas infantiles, así como el desarrollo de un Plan Nacional de Conectividad que asegure a todos los municipios rurales el acceso a una conexión de alta velocidad.
SUMAR propone apoyar el Tratado de no Proliferación de Combustibles Fósiles
La Comisión debatirá también una PNL del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR con la que los de Yolanda Díaz pretenden que el Congreso inste al Gobierno a elaborar una estrategia con medidas concretas para respaldar e impulsar el Tratado de no Proliferación de Combustibles Fósiles (TNPCF). El objetivo es avanzar, mediante la cooperación internacional, en la prevención de la expansión de los combustibles fósiles, el desmantelamiento de su infraestructura y reservas existentes y la garantía de una transición hacia alternativas limpias y seguras.
Por otro lado, el Grupo Parlamentario Socialista centrará parte del debate en la renaturalización de las ciudades y en el impulso de la energía agrovoltaica en España, entre otros asuntos relacionados con la transición ecológica.