Vox ha presentado una proposición de ley orgánica ante el Congreso con la finalidad de «protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público», proponiendo la prohibición del burka y el nicab, este último un velo que solo deja ver los ojos, y penalizando «a los padres que lo impongan a sus hijas».
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha explicado en una conferencia de prensa que la medida sugiere modificaciones al Código Penal para crear un delito específico de coacciones por la imposición de estos velos, además de ajustes en la Ley de Seguridad Ciudadana para penalizar su uso y «a los padres que lo impongan a sus hijas».
La propuesta de Vox especifica la prohibición de estos velos tanto en espacios públicos como en áreas privadas que sean accesibles o visibles desde lugares públicos. Además, introduce un nuevo apartado en el artículo 172 ter de la Ley Orgánica 10/1995, del 23 de noviembre, del Código Penal, indicando penas de prisión de uno y medio a tres años para quien imponga el uso de burka o nicab mediante «violencia, intimidación o cualquier forma de coacción».
Las penas aumentarán hasta dos años y medio a cuatro años si la «víctima» es especialmente vulnerable por enfermedad, discapacidad o minoría de edad. Las penas serán aún más severas si la coacción se realiza en presencia de menores, con armas, en el domicilio común o de la víctima, o si se viola una sentencia o medida cautelar previa.
Según Millán, desde la llegada de Pedro Sánchez al gobierno, la inseguridad y el aumento de la violencia son palpables, con un incremento notable de violaciones y agresiones sexuales, datos que califica de «alarmantes» y que provienen del Ministerio del Interior. Atribuye esta situación a la «importación de culturas incompatibles con la nuestra» y la supuesta islamización facilitada por el gobierno del PSOE y la colaboración del Partido Popular.
Vox argumenta que la normalización del uso de burka y nicab sería una aceptación de costumbres incompatibles con la «civilización» española y recuerda que varios países europeos han restringido legalmente estas prendas en espacios públicos tras realizar consultas populares. Además, menciona una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que respalda estas restricciones por tener una «justificación objetiva y razonable».