Vox ha presentado en el Congreso una enmienda a una norma impulsada por el PSOE que endurece las multas por estacionar en plazas reservadas para personas con discapacidad, con la intención de que el uso de las balizas de preseñalización de emergencia V-16 pase a ser opcional y que los tradicionales triángulos sigan teniendo validez.
En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, Vox plantea que la señal luminosa V-16 se pueda emplear como “alternativa” a los triángulos de preseñalización de peligro, “sin que estos pierdan vigencia después del 1 de enero de 2026”.
Además, si la enmienda saliera adelante, “no será exigible su conectividad con los sistemas de detección” de la Dirección General de Tráfico (DGT) ni la geolocalización de estos aparatos. Los triángulos, en paralelo, “podrán seguir utilizándose sin limitación temporal”.
La formación sostiene que está a favor de “mejorar” la seguridad vial de los españoles con “medidas contrastadas y de eficacia debidamente probada, tanto en España como en el extranjero, mediante estudios técnicos y forenses independientes y concluyentes que acrediten su eficacia en condiciones reales de compleja visibilidad y climatología adversa”.
En su argumentación, Vox recalca que “la baliza V-16 es obligatoria únicamente en España respecto a sus vecinos europeos y su efectividad en carretera ha sido puesta en duda por afiliados de entidades con experiencia en seguridad vial”. “La propia Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha manifestado críticas a la imposición de esta nueva normativa, inclinándose por la complementariedad en vez la obligatoriedad”, subraya la enmienda.
Para el partido, “no se entiende por qué el Gobierno descarta la opción de que sea el conductor el que decida incorporar la baliza V-16 a su vehículo de forma voluntaria o bien continuar utilizando los clásicos triángulos reflectantes. Son razones de peso para suspender la obligatoriedad de esta medida y, simultáneamente, continuar investigando medidas más eficaces que contribuyan a la mejora de la seguridad vial de los españoles sin necesidad de imponerles cargas adicionales a las familias y empresas españolas”, insiste.
En paralelo, Sumar ha registrado otra enmienda con la que pretende implantar un sistema de sanciones de tráfico graduadas según la renta del infractor, que prevé elevar hasta un 500% las multas a quienes tengan ingresos brutos anuales superiores a 100.000 euros. Con este fin, el grupo ya presentó hace un año en la Cámara Baja una proposición propia.
Mediante esta enmienda de adición, también remitida a Europa Press, Sumar propone retocar el artículo 81 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
En la exposición de motivos, la formación recuerda que hoy el régimen sancionador de tráfico en España se estructura en función de la gravedad de la infracción, de modo que la cuantía varía según el tipo de conducta: las faltas leves se sancionan con 100 euros, las graves con 200 y las muy graves pueden alcanzar los 500 euros, aunque en determinados supuestos se supera esa cifra. Actualmente, el importe solo puede incrementarse por la gravedad y las consecuencias del hecho, pero no en función de los ingresos del sancionado.
Con la propuesta de Sumar, las multas se modularían siempre en relación con la capacidad económica del infractor, con aumentos progresivos: un 150% para quienes tengan ingresos brutos anuales entre 70.000 y 85.000 euros; un 300% para los que declaren entre 85.000 y 100.000 euros; y un 500% para los que superen los 100.000 euros.
Sumar defiende que “es evidente que el efecto de disuasión y la finalidad de concienciar sobre el hecho punible no será el mismo con una multa de 500 euros para una persona que cobre 1.100 mensuales, que para otra que cobre 10.000 en el mismo período de tiempo”.
Evolución internacional y regulación de carriles
En el plano comparado, el grupo recuerda que las multas progresivas se introdujeron en Europa por primera vez en 1921, cuando Finlandia incorporó a su Código Penal este sistema, con el argumento de que la sanción económica debe ser “razonable en relación con la capacidad de pago de la persona multada”. Sumar cita también a Suecia, Dinamarca y Reino Unido entre los países que aplican este modelo.
Asimismo, la coalición plurinacional considera “necesario” fijar criterios claros sobre el uso de los carriles en autopistas y autovías en “determinadas circunstancias ocasionadas por fenómenos meteorológicos adversos o de retención del tráfico”. Propone que, cuando la nieve complique la circulación, quede prohibido adelantar y se circule de forma obligatoria por el carril derecho, pudiendo utilizar el contiguo en vías con tres o más carriles por sentido, dejando libres los restantes carriles izquierdos para vehículos de emergencia y quitanieves.
También plantea que, en situaciones excepcionales y por indicación de las autoridades de tráfico, para reducir el riesgo de siniestros, en autopistas y autovías los camiones de más de cinco ejes no puedan adelantar, deban circular a un máximo de 90 km/h y siempre por el carril derecho.
ERC reclama el traspaso de los exámenes de conducir
Por su lado, ERC ha registrado una enmienda con la que busca que la gestión de los exámenes de conducir pase a ser competencia de Cataluña.
Según la enmienda, recogida por Europa Press, en un plazo máximo de doce meses el Gobierno “culminará el traspaso de las funciones, servicios y medios personales y materiales adscritos a la Jefatura Central de Tráfico en Cataluña para la organización y realización de los exámenes de conducir”.
“Este proceso de transferencia se efectuará en el marco de la Comisión Mixta de Transferencias y garantizará la continuidad del servicio sin interrupciones para el alumnado”, añade el texto de ERC.
En otra enmienda de adición, también remitida a Europa Press, los republicanos plantean que el Ministerio del Interior asegure, “mediante los mecanismos de movilidad funcional o contratación de urgencia que fueran necesarios, la absorción total de la bolsa de alumnos que actualmente se encuentran en la lista de espera en Cataluña”.
De esta manera, ERC fija que las medidas para aumentar el número de examinadores se adopten en un plazo máximo de 30 días naturales y que la eliminación completa de las listas de espera se produzca en un máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley.
“El cumplimiento de este mandato será objeto de seguimiento quincenal con la Generalidad de Cataluña, las Entidades Locales y las entidades representativas del sector de las autoescuelas. El primer encuentro de seguimiento será convocado por el Gobierno del Estado dentro del plazo máximo de 45 días naturales desde la entrada en vigor de esta ley”, subraya la formación.
Además, ERC ha presentado otra enmienda para introducir una modificación legal que permita un encargo de gestión al Servicio Catalán de Tráfico, de forma que pueda asumir funciones de apoyo material y organizativo cuando las listas de espera para las pruebas de aptitud para obtener el permiso de conducir superen los 45 días naturales.