Vox llevará el próximo martes al Pleno del Congreso una proposición de ley para reformar el Código Civil con el fin de que la declaración de situación de desamparo de un menor quede siempre en manos de un juez, y no de la Administración autonómica mediante un trámite administrativo. Al mismo tiempo, la iniciativa retoca la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor para suprimir “cualquier referencia ideológica basada en el género”.
Según recoge el texto de la propuesta, al que ha tenido acceso Europa Press, en la actualidad el Código Civil “permite que la declaración de desamparo y la asunción automática de la tutela por parte de la entidad pública competente de cada región se realicen mediante resolución administrativa, sin necesidad de autorización judicial previa”.
El documento puntualiza que “este régimen excepcional, concebido inicialmente como una medida ágil y eficaz de protección ante situaciones urgentes, se ha consolidado como la vía ordinaria de intervención en la vida familiar, sin que se garanticen de forma efectiva los derechos fundamentales de los menores ni los derechos constitucionales de los padres o tutores legales”.
Para Vox, esta realidad “se agrava” por “la ausencia de un control judicial previo y pleno, ya que el único control jurisdiccional actualmente previsto opera a posteriori y únicamente si se interpone recurso por los afectados”. A juicio del partido, este sistema no basta “para salvaguardar debidamente el principio de legalidad, el derecho a la tutela judicial efectiva, ni para evitar potenciales abusos por parte de la Administración”.
Como ya argumentó en junio la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, el cambio normativo se plantea tras el “fracaso” del modelo actual gestionado por las comunidades autónomas, que, en su opinión, ha desembocado “en un aumento de los casos de abuso y explotación sexual contra los más vulnerables que quedan bajo la tutela de la Administración por una mera declaración administrativa”.
En la exposición de motivos, la formación de Santiago Abascal apoya su iniciativa en “un aumento de los casos de abuso y explotación sexual de menores tutelados en España en el ámbito de la protección de menores”.
El texto considera “especialmente alarmante” la situación de las menores tuteladas por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), “donde se ha documentado la existencia de redes de explotación sexual, consumo de estupefacientes y desprotección sistemática, que afectaron a decenas de niñas bajo tutela administrativa”; y menciona otros episodios detectados en territorios como “la Comunidad Valenciana o Andalucía”.
Vox borra las alusiones al género en la ley del menor
En paralelo, Vox propone modificar la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para eliminar “cualquier referencia ideológica basada en el género”.
El partido subraya que “cualquier motivación ideológica no puede ser, en ningún caso, motivo para la apertura de un proceso de declaración de desamparo, y en su caso, la posterior declaración de la privación de la patria potestad o tutela”.
Con este objetivo, la proposición de ley suprime del catálogo de indicadores de riesgo “la no aceptación de la orientación sexual, identidad de género o las características sexuales de la persona menor de edad”; y elimina todas las menciones a violencia de género, que pasan a ser sustituidas por la expresión “violencia doméstica”.