Vox ha presentado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) con la que pretende que la Cámara inste al Gobierno a retirar la reforma de la carrera judicial y fiscal, conocida como “Ley Bolaños”, paralizada desde hace ocho meses, así como el proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) y otras iniciativas vinculadas al ámbito judicial.
Se trata del proyecto de Ley Orgánica que modifica la Ley del Poder Judicial y el Estatuto del Ministerio Fiscal para la ampliación y refuerzo de las carreras judicial y fiscal, aprobado por el Consejo de Ministros en mayo de 2025. Tras el visto bueno del Ejecutivo se celebró el debate de totalidad y, un mes más tarde, se registraron las enmiendas parciales, pero desde entonces el texto permanece atascado en el Congreso sin nuevos pasos legislativos.
El Ejecutivo ha reiterado en varias ocasiones su voluntad de sacar adelante esta reforma, pero al tratarse de una ley orgánica requiere al menos 176 votos en el Pleno. Junts no llegó a respaldar el proyecto y, además, en noviembre rompió relaciones con el PSOE, dejando claro que no tiene intención de apoyarlo.
En primer término, la PNL, a la que ha tenido acceso Europa Press, alude al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado por el Consejo de Ministros y conocido como “Ley Bolaños”.
POR UNA CARRERA FISCAL “MENOS DEPENDIENTE” DE LA ADMINISTRACIÓN
Vox argumenta que esta reforma introduce cambios en el acceso a las carreras judicial y fiscal que vuelven dicho acceso “más dependiente” de la Administración, al atribuir al Centro de Estudios Jurídicos, dependiente del Gobierno, la formación y la gestión de las becas, alterar las pruebas de oposición, suprimir un ejercicio oral y modificar el llamado “cuarto turno”.
Del mismo modo, el partido rechaza el proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal en las carreras judicial y fiscal, así como la nueva configuración de la Comisión de Ética Judicial, que contempla que cuatro de sus nueve integrantes sean elegidos por las Cortes Generales.
NO QUIEREN QUE LA FISCALÍA DIRIJA LA INSTRUCCIÓN JUDICIAL
En segundo lugar, la formación liderada por Santiago Abascal pone en cuestión la reforma de la LeCrim, aprobada por el Consejo de Ministros el 28 de octubre, ya que se opone a que la fase de instrucción pase a estar en manos de la Fiscalía, con la consiguiente cesión de la Policía Judicial, y a que se limite el ejercicio de la acción popular.
En tercer lugar, la PNL se refiere a la proposición de ley de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas, registrada por el PSOE.
Vox reprocha que dicha iniciativa contemple la derogación del delito de ofensa a los sentimientos religiosos y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para incorporar como nueva causa de abstención o recusación de jueces y magistrados el hecho de haberse manifestado públicamente sobre actuaciones de autoridades, partidos, sindicatos u otras entidades que sean parte en un procedimiento.
Además de reclamar al Gobierno la retirada inmediata de estos proyectos de ley, la proposición de Vox exige también impulsar una reforma de la normativa sobre el indulto para impedir su concesión en delitos perpetrados por miembros del Gobierno, autoridades o funcionarios en el ejercicio de sus funciones, cuando se haga contra el criterio del tribunal sentenciador o de la víctima, y, en cualquier caso, en delitos vinculados con la corrupción política, la forma política del Estado o la integridad territorial de España.