Vox ha presentado en el Congreso una proposición para exigir al Gobierno que rechace el acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea y Mercosur en todo aquello que perjudique a los productores españoles, que bloquee su aplicación provisional por “poner en riesgo la supervivencia del sector primario y el medio rural” y que impulse su sometimiento a un referéndum consultivo, al amparo del artículo 92 de la Constitución, dada su “indudable trascendencia” para el interés nacional.
La proposición no de ley (PNL), a la que ha tenido acceso Europa Press, recalca que se trata de uno de los tratados comerciales más amplios firmados por la UE en las últimas décadas y advierte de que “afectará de forma directa y muy negativa al sector primario español y, con ello, al tejido productivo y social de la España rural”.
Según Vox, agricultores y ganaderos españoles “no pueden competir” con los productos agroalimentarios procedentes de América del Sur, al estar sometidos estos a requisitos fitosanitarios, medioambientales y laborales “mucho más laxos”.
El acuerdo, bajo revisión del TJUE
El texto recuerda que la amenaza es “común a toda Europa” y que el Parlamento Europeo, a iniciativa de Patriots —grupo en el que se integra Vox—, ya decidió elevar el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para recabar un dictamen jurídico, con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. Con ello se abrió un proceso de revisión cuyo desenlace “puede afectar a la validez, al alcance competencial o incluso al procedimiento de aprobación del tratado”.
De este modo, la efectividad del pacto queda en suspenso hasta que el TJUE se pronuncie sobre su compatibilidad con los tratados, un pronunciamiento que podría demorar hasta dos años la entrada en vigor y que, si fuera desfavorable, impediría que el acuerdo llegase a aplicarse.
No obstante, el partido que lidera Santiago Abascal reprocha a la Comisión Europea que mantenga su intención de activar la aplicación provisional “tan pronto como uno de los Estados del bloque sudamericano complete su proceso de ratificación” y sostiene que, “a ojos de las organizaciones agrarias españolas”, este paso implicaría “una quiebra del principio de seguridad jurídica y un debilitamiento del control democrático parlamentario al degradar al Parlamento Europeo a “una instancia meramente consultiva”, además de generar “efectos económicos inmediatos que podrían resultar irreversibles”.
La PNL recuerda igualmente que la aplicación provisional puede detenerse si un Estado miembro reclama frenar el proceso, que el TJUE fiscalizará “la legalidad de los actos” de la Unión, con capacidad para suspender la ejecución del acto recurrido y adoptar las medidas provisionales pertinentes, y concluye que “el Gobierno de España debe utilizar todas las herramientas a su alcance” para impedir esa aplicación provisional del acuerdo.