QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Vox ha presentado este martes ante el Congreso una serie de cuestionamientos dirigidos al Gobierno para obtener aclaraciones acerca de la supuesta financiación no conforme a la ley del PSOE por medio de la ‘trama Koldo’, tras las noticias que indican que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está investigando estos ingresos, presuntamente mediante el abono de salarios.
En particular, los dirigidos por Santiago Abascal reaccionan a las noticias de medios sobre que el exconsultor ministerial Koldo García y su familia fueron beneficiarios de fondos de compañías relacionadas con licitaciones públicas manipuladas. Una porción de estos recursos habría sido redirigida al PSOE, incluyendo un salario de 2.600 euros mensuales para García y transferencias a su esposa, Patricia Uriz.
Vox exige una verificación de si García y miembros del PSOE han recibido fondos ilegítimos y desea conocer cuánto sabe el Gobierno sobre los supuestos pagos irregulares efectuados a Koldo García y su entorno. En caso de estar al tanto, solicitan conocer qué acciones ha tomado o planea tomar al respecto.
También preguntan sobre las acciones del Gobierno en relación con la presunta participación de empresas que han obtenido licitaciones públicas manipuladas y ‘han realizado pagos ilegales para la financiación ilegal del PSOE’ y si se están tomando medidas contra los responsables de establecer circuitos de financiación mediante nóminas falsas o pagos simulados.
OTRAS PREGUNTAS SOBRE CORRUPCIÓN
Vox continúa con el tema de la corrupción y hace referencia al informe de la Comisión Europea que indica que el 87% de los españoles percibe que la corrupción es muy prevalente y el 53% considera que la corrupción es un problema en el ámbito de los negocios.
Así, en las interrogantes planteadas al Gobierno, reportadas por Europa Press, se indaga sobre las medidas específicas que promoverá el Gobierno para abordar ‘las críticas’ de la UE sobre el ‘aumento significativo’ de la corrupción y qué comunicaciones y propuesta de mejora ha recibido el Gobierno de parte de la UE sobre este asunto.
En relación con las reformas dirigidas a la independencia judicial y la separación del Fiscal General del Estado del Ejecutivo exigidas por la UE y el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), los de Santiago Abascal desean conocer qué intención tiene el Gobierno de impulsarlas y, si es positiva, cuáles serán.
Por último, Vox se interesa por una licitación anunciada por el Gobierno por un valor estimado de 682.000 euros para contratar un ‘servicio de adecuación de los espacios donde tienen lugar los actos públicos de la Presidencia, Vicepresidencias y la Portavocía del Gobierno (…) en el Complejo de la Moncloa o en el resto del territorio nacional’.
El contrato ‘comprende el diseño, creación, adecuación, alquiler e instalación de materiales con una identidad gráfica y estilo homogéneo, tales como traseras, vinilos, moquetas, tarimas o mobiliario, sin que la Secretaría de Estado de Comunicación adquiera estos materiales, y se incluye, asimismo, el traslado, montaje y desmontaje de dichos materiales al espacio objeto de adecuación para la celebración del acto público.
Vox pregunta al Ejecutivo si esta contratación contribuye a mejorar su imagen ante los numerosos casos de corrupción y el motivo de anunciarla ‘precisamente cuando está ahogado en la corrupción’. En esta línea, quiere saber qué actos públicos se beneficiarán de estos servicios y qué necesidades concretas, más allá de las expuestas en la memoria justificativa, justifican la ‘necesidad e idoneidad’ de la licitación.
