Vox y Junts han presentado en el Congreso sendas enmiendas a la totalidad contra la proposición de ley registrada por PSOE y Sumar sobre el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, una norma que transpone una directiva europea y cuya aprobación queda ahora en el aire por la ajustada correlación de fuerzas en la Cámara.
Al haber superado ya una primera votación en el Pleno del Congreso, la iniciativa no puede ser devuelta al Gobierno, de modo que los partidos liderados por Santiago Abascal y Carles Puigdemont han optado por registrar textos alternativos a la propuesta del Ejecutivo. El Pleno deberá decidir por separado sobre cada una de estas enmiendas de totalidad.
En el caso de la enmienda de Vox, a la que ha tenido acceso Europa Press, el grupo plantea un único artículo que deroga la Ley de 2005 que regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, así como todas las disposiciones de igual o inferior rango vinculadas a dicha norma.
Junts, en cambio, ha registrado una propuesta de carácter más reformista y de mayor alcance, con la que pretende configurar un marco legal que asegure la transposición de la normativa europea partiendo del “respeto competencia de las diferentes normativas medioambientales autonómicas”.
Retirada del proyecto de ley por el Gobierno
Esta misma regulación arrancó su andadura como proyecto de ley del Gobierno, pero el Ejecutivo optó por retirarla de las Cortes después de que PP y Junts consiguieran incorporar una enmienda para suprimir el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica.
El Gobierno había remitido en junio de 2024 su proyecto para ordenar este mercado, una de las directivas europeas pendientes de transponer en España. Pretendía tramitarlo por la vía de urgencia y la iniciativa superó en octubre el debate de totalidad. Sin embargo, en la fase de ponencia, cuando los grupos comenzaron a introducir cambios en el articulado, se produjo un giro inesperado.
El Ejecutivo, amparándose en su facultad constitucional para vetar enmiendas con impacto presupuestario, presentó un veto a la propuesta que buscaba suprimir el tributo eléctrico, ya que sus cálculos cifraban en 1.500 millones de euros la pérdida de recaudación.
Pérdida de mayoría en la Mesa y sanción a un diputado
Ese veto debía ser refrendado por la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica, presidida por la exministra socialista Cristina Narbona. Pero en la reunión convocada para examinar los vetos se produjo la ausencia del diputado del PSOE Juan Antonio Lorenzo, lo que hizo que los grupos que sostienen al Gobierno perdieran la mayoría en ese órgano.
El PP aprovechó esa nueva correlación de fuerzas para tumbar el veto y permitir que la enmienda sobre el impuesto eléctrico continuara su tramitación pese a la oposición del Ejecutivo. Como consecuencia, el PSOE impuso al diputado una multa de 1.200 euros por no asistir.
Ante este escenario, PSOE y Sumar dejaron en suspenso la convocatoria de la comisión, siguiente fase del procedimiento parlamentario. En lugar de reactivar la comisión, el Consejo de Ministros decidió retirar el proyecto del Congreso y volver a impulsarlo como proposición de ley, que es la que se encuentra ahora en curso.
La elección de la vía de proposición de ley acelera el recorrido parlamentario, ya que evita al Gobierno tener que aprobar de nuevo un anteproyecto y recabar informes de órganos consultivos, trámites exigidos si la norma volviera a salir directamente del Consejo de Ministros.
En esta nueva formulación, la proposición de ley ya no incorpora la suspensión del impuesto eléctrico introducida por la oposición en la etapa anterior. Si los grupos contrarios al Gobierno tratan otra vez de eliminar el tributo, en el Ejecutivo confían en que en esta ocasión prospere el veto planteado por Hacienda.