El Consejo de Estado ha emitido un dictamen desfavorable sobre el refuerzo del registro horario promovido por el Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz.
El órgano consultivo cuestiona que el proyecto no se adecúa a los distintos sectores, genera una carga económica significativa para las pymes, invade terreno legislativo pese a tratarse de un reglamento y carece de garantías suficientes en materia de protección de datos.
Dictamen desfavorable
El Consejo de Estado concluye que “no procede aprobar el real decreto proyectado”. Aunque reconoce el objetivo del reglamento —evitar horas extra impagadas mediante un sistema digital interoperable para Inspección de Trabajo—, señala que no se mide correctamente el impacto económico, que invade funciones legislativas y que no se adapta a las particularidades de los distintos sectores productivos.
El dictamen recoge además informes críticos de Economía, Función Pública y la Agencia Española de Protección de Datos, que coinciden en que el proyecto carece de análisis detallado del impacto económico y operativo.
Costes millonarios para empresas y administración
El Consejo advierte que el registro digital será obligatorio para 1,35 millones de empresas y que el impacto inicial puede ascender a 867 millones de euros anuales, sin contar la implementación, formación y mantenimiento.
“Ante estas cifras, la afirmación de que el proyecto no impacta significativamente sobre la economía no se corresponde con la realidad empresarial”, señala el dictamen.
El informe también critica la ausencia de cálculo de impacto presupuestario para las Administraciones públicas, subrayando la alerta de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Transformación Digital y de Función Pública.
Adaptación sectorial y periodos transitorios
El dictamen recuerda que hay sectores con peculiaridades que hacen inviable un sistema digital único: porteros de fincas, maquinistas de trenes o la hostelería completa, por ejemplo. Se recomienda que el real decreto no se aplique a las jornadas especiales de trabajo y que se prevea un periodo transitorio amplio para facilitar su implementación.
Protección de datos, el punto más crítico
El Consejo de Estado coincide con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) al considerar que el proyecto no garantiza la seguridad ni la privacidad de los trabajadores.
“No basta con decir que no accederán a los datos las personas no legitimadas, es preciso establecer las garantías para que eso no suceda”, advierte el dictamen.
El órgano consultivo critica que el sistema digital aún no está desarrollado técnicamente, y que la protección frente a riesgos no puede basarse en “simples alegaciones retóricas”, sino en una descripción concreta del sistema, el acceso y la limitación ante entradas no autorizadas.
Reacción del Ministerio de Trabajo
El Ministerio de Trabajo defendió el proyecto y criticó los informes adversos:
“Es incomprensible que alguien pueda situarse en contra de un instrumento que busca garantizar que se cumpla la ley y que las empresas que abusan de la jornada de sus trabajadores paguen las horas extraordinarias como corresponde”, indicaron desde el departamento de Yolanda Díaz.