El Consejo de Ministros ha aproabdo este martes el Proyecto de Ley del Estatuto de las prácticas no laborales, una regulación impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social que busca erradicar el uso fraudulento de becas que encubren relaciones laborales y elevar la calidad del empleo juvenil.
La norma, pactada con las organizaciones sindicales, se enmarca en la senda de la Reforma Laboral de 2021 y pretende fijar con claridad la frontera entre actividad formativa y relación laboral, aportando seguridad jurídica tanto a las personas en prácticas como a las empresas.
Vinculación obligatoria a estudios oficiales
El texto, al que ha tenido acceso Demócrata, establece que las prácticas no laborales deberán estar vinculadas a estudios universitarios oficiales, Formación Profesional o programas de los sistemas públicos de empleo. En caso contrario, se presumirá la existencia de una relación laboral.
También se considerará relación laboral cuando la persona en prácticas sustituya a un trabajador por cuenta ajena o cuando la actividad desarrollada en la empresa no guarde relación con el itinerario formativo.
Así, las empresas deberán suscribir un acuerdo o convenio de cooperación con el centro formativo que incluya:
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Duración máxima de las prácticas.
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Plan formativo individualizado.
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Designación de tutor o tutora en la empresa, en coordinación con el centro educativo.
Cada tutor podrá supervisar simultáneamente a un máximo de cinco personas en prácticas —tres si el centro de trabajo tiene menos de 30 empleados—. Además, el número total de personas en formación práctica no podrá superar el 20% de la plantilla, aunque cualquier empresa podrá contar al menos con dos personas en prácticas, independientemente de su tamaño.
Carta de derechos y compensación de gastos
Por otro lado, el Estatuto incorpora una carta de derechos para las personas en formación práctica no laboral. Entre las principales garantías figuran:
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Prohibición de pagar por acceder a la práctica formativa.
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Derecho a compensación de gastos.
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Acceso a los mismos servicios que el resto de la plantilla.
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Respeto a límites de jornada, descansos, festivos y vacaciones.
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Protección en materia de seguridad y salud laboral, incluida la prevención frente al acoso.
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Compatibilidad con la actividad académica y, cuando sea posible, con actividad laboral.
Asimismo, se prevé la adaptación de los planes formativos a personas con discapacidad, reforzando el carácter inclusivo del sistema.
Refuerzo del régimen sancionador
La norma otorga a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social mayores herramientas para perseguir el fraude. Entre 2021 y 2025, la Inspección detectó 2.688 falsos becarios en más de 6.500 actuaciones, tras haber regularizado cerca de 1.600 entre 2021 y 2023.
El nuevo régimen contempla multas de hasta 225.018 euros en su grado máximo, endureciendo el marco sancionador ante infracciones graves o reiteradas.
Impacto en el empleo juvenil
Desde el Ejecutivo se sostiene que la regulación permitirá mejorar la calidad del empleo juvenil, evitando la precarización encubierta bajo fórmulas formativas y garantizando que las prácticas cumplan una función estrictamente pedagógica.
Más allá del ajuste técnico, el Estatuto abre una nueva fase en la regulación del tránsito entre formación y mercado laboral, en un contexto en el que la supervisión de las prácticas se ha convertido en uno de los ejes de la política laboral tras la reforma de 2021.