Este martes, durante la sesión habitual del Consejo de Ministros, se ratificará la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), marcando un hito en la reforma del sistema penal español. Una fuente del Ministerio de Justicia ha confirmado a Europa Press que esta ley transferirá las responsabilidades de investigación penal de los jueces a los fiscales.
La implementación de la ley está programada para enero de 2028 e incluirá medidas como la exclusión de los partidos políticos de la acusación popular y la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, extendiendo el periodo del mandato del fiscal general del Estado a cinco años.
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, expresó el jueves pasado que la nueva LECrim busca una adaptación al modelo europeo, afirmando que “los jueces estén para juzgar y ejecutar lo juzgado y la investigación la lleve la Fiscalía”.
Bolaños destacó que esta reforma es también “necesaria y más garantista”, asegurando que un juez de garantías será el encargado de supervisar, anular o confirmar las decisiones del Ministerio Fiscal durante el proceso de investigación penal.