El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha dictado dos resoluciones que obligan a los ministerios de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y de Economía, Comercio y Empresa a proporcionar información detallada sobre los fondos empleados por el Gobierno de España en medios de comunicación para campañas institucionales.
En la primera instancia, la solicitud hecha al departamento liderado por Félix Bolaños requería un desglose exhaustivo de las inversiones del Ejecutivo en 2023 en medios, detallando nombres, tipos de medio (prensa, TV, digital, radio), titular de la empresa, CIF, monto recibido, ministerio responsable de la campaña y su contenido. A pesar de una orden previa del Consejo de Transparencia, Presidencia solo proporcionó un enlace al informe anual de publicidad institucional, sin los detalles necesarios.
La resolución reciente, citada por Europa Press, indica que el informe no aclara qué medios específicos recibieron los fondos ni los importes exactos, impidiendo un control efectivo del uso de recursos públicos. El Consejo recalca el ‘indudable interés público’ de esta información y la falta de justificación legal para su negativa.
Se ha dado un plazo de 10 días hábiles al Ministerio de la Presidencia para entregar la información completa en un formato reutilizable y enviar una copia al Consejo de Transparencia.
INFORMACIÓN EN FORMATO ACCESIBLE
En otro caso, el CTBG resuelve a favor de una queja contra el departamento dirigido por Carlos Cuerpo, que no respondió a tiempo a una petición similar hecha el 17 de febrero de 2025. La solicitud incluía el desglose de fondos a medios o conglomerados mediáticos desde 2019 hasta 2025 para campañas institucionales, con detalles sobre fechas, montos y propósitos específicos.
La falta de respuesta y de alegaciones justificativas llevó al Consejo a determinar una violación del derecho de acceso a la información pública. El reclamante exigía los datos en un formato accesible. Las resoluciones subrayan el derecho ciudadano a conocer detalladamente el destino de los fondos públicos en comunicaciones oficiales, sin aceptar restricciones indebidas al acceso a la información.
Contra estas resoluciones, finalizando la vía administrativa, solo queda la opción de apelar a través de un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.