QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha exigido al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que responda a una petición individual sobre la razón por la cual Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, posee una cuenta de email asociada a Moncloa sin desempeñar un rol oficial en la administración.
En una resolución destacada por Europa Press, el organismo encargado de asegurar el cumplimiento de la Ley de Transparencia ha dictaminado que, debido al silencio administrativo, el Gobierno debe proveer una respuesta dentro de un máximo de 10 días respecto a la información requerida y enviar una copia de la misma al Consejo de Transparencia.
La pregunta que motivó la consulta inicialmente realizada en noviembre por un ciudadano al ministerio dirigido por Félix Bolaños fue qué puesto ocupa Gómez para tener un email con dominio de ‘presidencia.gob.es’ y por qué alguien sin posición oficial dispone de un email con ese dominio. Además, se cuestionó si la esposa del anterior presidente también tenía un email con el dominio presidencia.gob.es.
Tras no recibir respuesta del Ejecutivo, el solicitante interpuso una reclamación en marzo ante el Consejo de Transparencia, que remitió la solicitud al Ministerio sin obtener respuesta. El organismo subrayó que «La falta de respuesta a la solicitud de acceso y al requerimiento de alegaciones de este Consejo no puede dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública».
MONCLOA TIENE QUE PRONUNCIARSE POR LA ASESORA DE BEGOÑA
Además de la resolución sobre el email, en noviembre, otro reclamante pidió aclaraciones sobre si una persona mencionada en los medios como asesora de Begoña Gómez realmente lo era, y de ser así, la fecha de contratación y la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) correspondiente.
Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha solicitado al Gobierno que atienda la reclamación y responda a las preguntas formuladas en un plazo de 10 días, además de enviar una copia de la información al demandante al Consejo de Transparencia.
