El Consell de Mallorca exige la renuncia del delegado gubernamental por su gestión en la crisis de migración

El Consell de Mallorca, con apoyo de PP, Vox y El PI, pide la dimisión del delegado del Gobierno en Baleares por mal manejo de la migración.

Archivo - El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, tras una entrevista con Europa Press en la sede de la Delegación del Gobierno en Baleares, en Palma de Mallorca, España, a 5 de agosto de 2025.EUROPA PRESS - Archivo

El Consell de Mallorca ha aprobado con los votos de PP, Vox y El PI, una moción que solicita la renuncia de Alfonso Rodríguez, delegado del Gobierno en Baleares, debido a su manejo de la crisis migratoria. Esta propuesta fue presentada por el PP y se discutió en la sesión plenaria de este jueves.

El documento aceptado expone además el rechazo al reparto de menores migrantes de Canarias, Ceuta y Melilla, apoya las acciones legales del Govern contra esta política y demanda que se refuerce el control de Frontex sobre la llegada de pateras a las islas.

“La situación es insostenible: cada dos horas llega una patera a nuestras costas y el sistema de menores está desbordado. Ante esta realidad no podemos continuar con el silencio cómplice de la Delegación del Gobierno”, afirmó Núria Riera, vocera del PP en el Consell de Mallorca.

En el ámbito de protección de menores, se atienden a 460 jóvenes extranjeros no acompañados, representando dos de cada tres. “No disponemos de más recursos ni profesionales para atender dignamente a estos jóvenes mientras el Gobierno sigue sin ofrecer soluciones”, lamentó la consellera.

El PP ha manifestado que seguirá luchando por Mallorca en esta crisis sin precedentes e instó a todas las instituciones a acabar con la falta de planificación y responsabilidad del Gobierno central.

REPROBACIÓN A CLADERA Y SERRA

Además, se aprobó una moción para reprobar a la expresidenta Catalina Cladera y a Andreu Serra, exconseller de Deportes, por la gestión del restaurante del Hipódromo de Son Pardo. Una sentencia reveló que la anterior concesionaria acumuló una deuda de más de 345.000 euros.

“Es un acto de justicia institucional ante una gestión completamente negligente y opaca, que ha causado un grave perjuicio económico a las arcas públicas”, declaró Bernat Vallori, portavoz adjunto del PP.

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