La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, Consuelo Ordóñez, ha censurado las recientes manifestaciones de José Luis Rodríguez Zapatero sobre la aportación de EH Bildu a la paz, y ha opinado que “lo mínimo” exigible a un expresidente del Gobierno es “una actitud de prudencia, respeto y reconocimiento” hacia las víctimas de ETA y “no el elogio a nuestros verdugos”. “No la invitación al olvido. No la indulgencia con quienes siguen sin deslegitimar el terror y sin siquiera ser capaces de decir que matar estuvo mal”, ha recalcado.
En una carta remitida a Zapatero, Ordóñez alude a las palabras que pronunció en el Senado sobre EH Bildu, la convivencia en Euskadi y el “supuesto horizonte de olvido, perdón y reconciliación que, a su juicio, debería guiarnos como sociedad” y le advierte de que “una convivencia pacífica y democrática no puede edificarse sobre el blanqueamiento de ETA, ni sobre la desmemoria de sus víctimas”.
Tras recordar que Zapatero defiende el derecho de la coalición soberanista a estar en las instituciones y el de sus votantes a “ver representadas sus ideas dentro de la legalidad”, y que ensalza a “quienes, según sus palabras, contribuyeron a la paz desde posiciones antagónicas”, la dirigente de Covite remarca que “quienes hemos sufrido directamente el terror de ETA no podemos aceptar ese apoyo moral en el que usted insiste, una y otra vez, en dar a Bildu”.
“Será una formación legal, pero la legalidad no equivale automáticamente a legitimidad democrática. Y su calidad democrática sigue siendo, como mínimo, profundamente cuestionable mientras no condene y deslegitime de manera inequívoca la trayectoria criminal de ETA, no asuma la injusticia radical del terror ejercido durante décadas y mientras su prioridad siga girando en torno a la excarcelación de los presos de ETA, a los que califican de presos políticos”, añade.
A su entender, reconocer su presencia en las urnas o en los parlamentos “no puede implicar ignorar sus responsabilidades por haber dado amparo a ETA, ni renunciar a un juicio moral sobre su conducta presente”. En esta línea, insiste en que “si hoy sigue siendo legítimo cuestionar su compromiso democrático es, sobre todo, porque son ellos mismos quienes exhiben que no existe una ruptura real con ese pasado: basta observar su estrategia, sus discursos y sus gestos; basta comprobar que Arnaldo Otegi sigue encarnando la simbiosis de ese espacio político con ETA”.
Críticas al apoyo político a Bildu
Por este motivo, subraya que “una cosa es reconocer derechos políticos dentro del marco legal; otra muy distinta es presentar a quienes no han roto de forma inequívoca con el legado criminal de ETA como ejemplo de compromiso democrático”. “Esto último es indigno e inmoral”, apostilla.
Ordóñez recuerda que el exjefe del Ejecutivo sostiene que la sociedad vasca “es hoy un ejemplo de convivencia” y admite que “ojalá esa afirmación pudiera sostenerse sin matices”. Reconoce que “ETA ya no asesina y que no vivimos bajo la amenaza diaria de los atentados”, y que esa “es, sin duda, la mejor noticia de los últimos años y no hemos vivido un tiempo mejor”.
No obstante, considera que “el legado de quienes ejercieron el terrorismo durante décadas sigue muy presente en el espacio público” tanto en Euskadi como en Navarra, y que la libertad “sigue condicionada en demasiados ámbitos por los mismos sectores que durante años jalearon, justificaron o encubrieron a los terroristas”. Denuncia que “las calles siguen siendo, con demasiada frecuencia, un lugar de legitimación del terrorismo: homenajes a terroristas como si fueran héroes, mensajes de petición de impunidad por sus crímenes y una normalización política y social de quienes nunca han hecho una verdadera autocrítica del horror causado”.
A su juicio, “si hoy ETA ya no mata, y se puede hablar de paz y convivencia, es en gran medida porque las víctimas no respondimos a la violencia con más violencia”. Destaca que su renuncia a la venganza “evitó que el terrorismo derivara en un conflicto, y nuestra defensa del Estado de derecho sostuvo la convivencia incluso en los años en los que convivíamos, en las mismas calles, con quienes querían asesinarnos o habían asesinado a nuestros familiares”.
“Nuestro país tiene una deuda infinita con las víctimas, que hemos sido -y seguimos siendo- los principales referentes de paz y convivencia. Y es en cómo se ha producido el final del terrorismo y cuáles han sido sus consecuencias, donde su responsabilidad política e histórica resulta ineludible”, afirma, antes de reiterar que las secuelas del final de ETA negociado “las están pagando las víctimas” y que “una sociedad democrática no debería conformarse con el cese de los asesinatos: también debe preguntarse a qué precio se produjo ese final”.
Un final de ETA con impunidad
Ordóñez rememora que, con la llegada de Zapatero a La Moncloa en 2004, “se optó por negociar con la propia ETA las condiciones de su final”. “Esa negociación tuvo un guion, unas cesiones y una hoja de ruta que que quedó reflejada en el Acuerdo de Gernika de 2010 y, más tarde, con el Gobierno posterior al suyo, se terminó consolidando un final de ETA en el que las víctimas hemos soportado el coste de una paz construida sobre altas dosis de impunidad”, critica.
Por ello, sostiene que “cuando se proclama la victoria de la democracia sobre ETA, ese relato es, como mínimo, incompleto y profundamente injusto con quienes cargamos con las consecuencias”. En este contexto, menciona la “legalización de sus brazos políticos, hoy representados por EH Bildu” y la “escenificación de un final sin vencedores ni vencidos que, lejos de deslegitimar el terrorismo, ha facilitado su blanqueamiento”.
“En un país democrático no son las organizaciones terroristas quienes protagonizan su propio final para sacar rédito propagandístico, con la correspondiente humillación a sus víctimas, sino que son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quienes deben hacerlo, deteniendo a sus miembros y poniéndolos a disposición judicial. ¿Quién ha visto esa operación policial? Nadie. Se nos hurtó la verdadera foto de la derrota de ETA”, denuncia.
Asimismo, alerta de un “ataque frontal al derecho a la justicia” de las víctimas con la “consolidación de la impunidad: excarcelaciones fraudulentas de terroristas y decenas de prófugos de la justicia a los que no se ha detenido desde el cese definitivo de 2011, ni se va a detener, para que respondan por sus crímenes”.
“Ese es el precio de este final de ETA negociado que estamos pagando las víctimas, mientras los ideólogos y responsables políticos de aquella maquinaria de terror hacen política con alfombra roja y reciben sus elogios, como si ETA no hubiera existido jamás”, recalca.
En consecuencia, para la presidenta de Covite “resulta especialmente hiriente” escuchar a Zapatero hablar de “olvido” y “alabar públicamente a Bildu, a quienes considera artífices de la paz”, sin que “no haberle escuchado nunca una mínima palabra de agradecimiento y respeto hacia las víctimas de ETA”. Considera que “es una falta de consideración total hacia quienes hemos pagado el precio más alto del terrorismo de ETA, perdiendo a nuestros familiares o resultando heridos de por vida”.
Concluye que “la convivencia democrática solo será sólida si se asienta sobre principios claros: la verdad de lo ocurrido, la memoria de quienes fueron asesinados, heridos y perseguidos, y la deslegitimación total del terrorismo. Todo lo que se aparte de ese camino no contribuirá a cerrar heridas, sino a reabrirlas”.