Las Cortes piden al Tribunal de Cuentas una fiscalización especial de la fundación de Vox con el respaldo conjunto de PP y PSOE

El Congreso y el Senado encargan al Tribunal de Cuentas una fiscalización especial de la Fundación Disenso, ligada a Vox, con apoyo de PSOE, PP, Sumar y PNV.

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La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas dio luz verde este martes a una iniciativa registrada por el PSOE para que el órgano fiscalizador lleve a cabo una auditoría específica sobre las cuentas de la Fundación Disenso, vinculada a Vox, correspondientes al periodo 2020-2025. La propuesta prosperó con los votos favorables de PSOE, PP, Sumar y PNV, mientras que Vox fue la única formación que se posicionó en contra.

El acuerdo insta al organismo que encabeza Enriqueta Chicano a elaborar un informe de Fiscalización Especial sobre los ingresos y gastos de Disenso en los últimos cinco ejercicios, “analizando la naturaleza, origen y destino de los fondos recibidos, corrección de su contabilización y justificación”, según figura en el documento remitido a la Cámara y recogido por Europa Press.

Con esta petición se pretende ahondar en las denuncias formuladas por varios exdirigentes de Vox en Baleares, que apuntaban a un presunto desvío de recursos procedentes de los grupos parlamentarios hacia la fundación ligada a Santiago Abascal, al que acusan de querer “forrarse”. Desde la dirección del partido insisten en que esas transferencias desde grupos institucionales se realizan en todas las fuerzas políticas y rechazan que exista cualquier tipo de irregularidad.

PSOE y Sumar cargan contra la fundación Disenso

Durante el debate, el diputado socialista Ferran Verdejo se remitió a esas acusaciones y sostuvo que hay un “historial de sospechas sólidas” sobre la contabilidad de la entidad. A su juicio, el verdadero “interés de Abascal es el dinero” y han impulsado una fundación para que el líder de Vox “tenga una paguita vitalicia”.

En términos similares se expresó Engracia Rivera, representante de Sumar, que definió Disenso como “un chiringuito que desvía millones de euros de financiación pública para hacer contrataciones opacas y producir bulos y propaganda xenófoba” y respaldó la necesidad de esta auditoría específica.

El PNV también se sumó a la iniciativa. Su senadora María Dolores Etxano manifestó su confianza en que la fiscalización sirva para “despejar dudas” sobre si Vox está “desnaturalizando” la ley al canalizar desde sus grupos autonómicos “ingentes cantidades de dinero” hacia una entidad que “reproduce casi de forma exacta las funciones de un partido”, pero que no está sometida a los mismos controles que las formaciones políticas.

Vox recuerda el fallo del Supremo y niega irregularidades

Por parte de Vox, el diputado Juanjo Aizcorbe calificó de “barbaridades” las acusaciones vertidas por PSOE, Sumar y PNV, atribuyó la propuesta socialista a su “obsesión de acosar a quien no controla” y advirtió de que “volverán a estrellarse” como, según dijo, sucedió cuando el Tribunal Supremo dejó sin efecto una de las tres sanciones que el Tribunal de Cuentas había impuesto a Vox: la multa de 238.000 euros por dos infracciones continuadas muy graves al recaudar donaciones finalistas destinadas a financiar la querella contra el expresidente de la Generalitat Quim Torra.

Aizcorbe subrayó además que Disenso ya fue objeto de fiscalización anteriormente sin que se detectara “ningún indicio de irregularidad” y afirmó que Vox estaría dispuesto a apoyar este tipo de revisión si se extendiera “desde su nacimiento” a todas las fundaciones vinculadas a partidos políticos.

El PP respalda la fiscalización pese a considerarla innecesaria

En nombre del PP, Luis María Beamonte argumentó que reclamar una fiscalización especial de Disenso, o hacerla extensiva a todas las fundaciones, “carece de sentido” porque sus cuentas ya pasan por el control del Tribunal de Cuentas. Aun así, confirmó el apoyo de su grupo a la propuesta del PSOE. “Quien nada oculta nada tema y no tenemos ningún problema con la transparencia”, sostuvo.

Beamonte puntualizó, no obstante, que el Tribunal de Cuentas no está habilitado para “fiscalizar el objetivo ideológico de los gastos” y acusó al PSOE de actuar de forma “hipócrita” al presentarse como garante del control financiero cuando la Audiencia Nacional mantiene “una investigación abierta por sus pagos en efectivo que no declara” y cuando, según recordó, fundaciones ligadas a los socialistas como la Pablo Iglesias “se hunden”.