El colectivo de víctimas del terrorismo en el País Vasco, Covite, ha hecho pública su queja por la concesión de un nuevo tercer grado “fraudulento” al preso de ETA Asier García Justo, “a pesar de seguir vinculado al entramado político y social de la izquierda abertzale”.
En una nota difundida a los medios, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha subrayado que la política penitenciaria “continúa avanzando sin disimulo en la dirección marcada por la izquierda abertzale: vaciar las cárceles de etarras sin exigirles el arrepentimiento real que la legalidad vigente establece como requisito para acceder al régimen de semilibertad”.
Ordóñez considera que lo que está ocurriendo es “la culminación de la última exigencia de ETA y de la izquierda abertzale que queda por cumplir en este final de ETA negociado” y que sus efectos “están pagando las víctimas con la impunidad de los asesinos”.
La dirigente de Covite ha alertado sobre “la enorme prisa con la que se están concediendo estos terceros grados fraudulentos”. Ha recordado que “apenas una semana después de que se otorgaran los dos últimos, el Gobierno vasco vuelve a conceder otro más, confirmando una dinámica de aceleración que evidencia la voluntad política de normalizar privilegios penitenciarios a los presos de ETA que siguen vinculados a la izquierda abertzale, al margen del cumplimiento efectivo de la ley”.
En este marco, ha recalcado que Asier García Justo “continúa plenamente vinculado al entorno político y social de la izquierda abertzale” y que así “figura en la última lista actualizada de Etxerat -de fecha 30 de diciembre de 2025- asociación que agrupa a los presos de ETA adscritos a la órbita de Sortu y EH Bildu, a los que siguen presentando como presos políticos”.
La presidenta de Covite ha añadido, además, que García Justo “ha sido exhibido públicamente en actos de exaltación como la 'Itxas Martxa' de Plentzia”, un festival anual “caracterizado por la exhibición explícita de etarras no arrepentidos, tanto del entorno de EH Bildu como de la disidencia”.
Según ha indicado, la decisión de progresar al tercer grado “se sustenta en una carta manuscrita privada en la que el preso expresa fórmulas genéricas de reconocimiento del daño causado, empatía hacia las víctimas, renuncia a la violencia y compromiso con vías pacíficas”.
“Los informes penitenciarios también aluden a factores como la buena conducta en prisión, la participación en programas de tratamiento, el apoyo familiar, hábitos laborales o la posibilidad de empleo”, ha detallado Ordóñez, describiendo los argumentos esgrimidos para justificar el cambio de situación penitenciaria.
Pese a ello, ha remarcado que “ninguno de estos elementos sustituye el requisito legal esencial de los signos inequívocos y verificables de arrepentimiento”. Ha recordado igualmente que “el artículo 90 del Código Penal no exige textos retóricos ni reflexiones privadas, sino hechos objetivos que acrediten un arrepentimiento sincero”.
En la misma línea, ha reiterado que “el arrepentimiento implica necesariamente la ruptura con los entornos políticos y sociales que siguen justificando públicamente la trayectoria criminal de ETA”. A su entender, “comprobar si un preso de ETA está verdaderamente arrepentido es sencillo”, porque “cuando lo está, queda automáticamente apartado de los entornos de la izquierda abertzale”.
Para Ordóñez, “ese es el único indicador fiable, y no se da en este caso”. Finalmente, ha señalado “la responsabilidad de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en esta dinámica de impunidad”, dado que “es la única institución competente para recurrir los terceros grados y no lo está haciendo”.
Asimismo, ha censurado que, en lugar de actuar, la Fiscalía haya optado “por otorgar validez a escritos que carecen de cualquier credibilidad, lo cual es lamentable y devastador para las víctimas”.