El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha vuelto a cargar contra la concesión del tercer grado al preso de ETA Jon Bienzobas, que considera “un nuevo fraude” en la ejecución de las penas impuestas a los reclusos. A su juicio, esta decisión “confirma” que el Gobierno Vasco “continúa consolidando una política penitenciaria orientada no a favorecer una reinserción real, sino a facilitar la semilibertad con una apariencia formal de legalidad”. En esta línea, ha advertido de que el Ejecutivo “oculta que muchos terceros grados acaban convirtiéndose en una libertad casi total”.
“Se cumple la ley en la forma, pero se traiciona por completo su espíritu. Por eso hablamos de terceros grados fraudulentos. Lo que debería acreditarse con hechos verificables se está sustituyendo por cartas privadas que nadie tiene por qué dar por buenas, y menos aún las víctimas”, ha subrayado el colectivo en un comunicado.
En la resolución enviada por el Gobierno Vasco se precisa que a Jon Bienzobas se le otorga el tercer grado aplicando el artículo 83. Entre los factores tenidos en cuenta se mencionan “su buena conducta penitenciaria, una oferta laboral y un escrito en el que supuestamente expresa sentirse responsable del dolor causado y manifiesta su voluntad de contribuir a una convivencia en paz”.
Para Covite, sin embargo, “que se siga utilizando una carta privada como principal aval para conceder regímenes de semilibertad a condenados por terrorismo demuestra hasta qué punto se ha vaciado de contenido el requisito del arrepentimiento”.
“Las víctimas no tenemos por qué creernos lo que se diga en esas cartas. No se nos puede exigir un acto de fe. Mientras no haya un arrepentimiento público, claro y avalado por hechos, no tenemos ningún motivo para dar credibilidad a esos escritos redactados con el único fin de obtener la semilibertad”, ha recalcado la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.
La Audiencia Nacional ya fijó criterio en una sentencia de 2023 con la que revocó el tercer grado al miembro de ETA Xabier Atristain, al señalar que “este tipo de cartas no tienen validez si no van acompañadas de signos inequívocos de desvinculación, entendiéndose por estos, actividades realizadas de colaboración con las autoridades para identificar a otros responsables e incluso en impedir la actuación de organizaciones o asociaciones vinculadas o de apoyo al terrorismo”.
Covite también ha afeado la “falta de transparencia” con la que el Ejecutivo vasco estaría tramitando estos terceros grados. Según explica, las resoluciones que se comunican a las asociaciones de víctimas “se refieren sistemáticamente a terceros grados concedidos en aplicación del artículo 83, es decir, al régimen ordinario de tercer grado generalmente vinculado a un trabajo, formación u otra ocupación acreditada, a través del cual el interno puede salir a diario de prisión, pero debe regresar a dormir al centro penitenciario”.
No obstante, el colectivo asegura haber comprobado ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que “el 90% de esos terceros grados se están ejecutando en la modalidad del artículo 86, es decir, el régimen más parecido a una libertad condicional: el preso permanece en la calle con pulsera telemática y ni siquiera pernocta en prisión”.
“El Gobierno Vasco nos notifica una cosa, pero luego no nos informa de que en la mayoría de los casos esos terceros grados pasan a ejecutarse a través del artículo 86. Estamos ante un engaño intolerable. Hemos exigido que nos notifiquen el momento en que se produzca el cambio de modalidad del artículo 83 al artículo 86”, ha señalado Ordóñez.
En opinión de Covite, esta forma de proceder evidencia que la política penitenciaria aplicada a los internos de ETA “avanza, cada vez con menos disimulo, hacia el cumplimiento de la última gran exigencia histórica de la izquierda abertzale en el final de ETA negociado que vivimos: vaciar las cárceles sin exigir un arrepentimiento sincero ni una verdadera desvinculación del entramado político y social que sostuvo durante décadas a ETA, y que prohíbe expresamente el arrepentimiento”.
“Las consecuencias de este final indigno las seguimos pagando las víctimas con la impunidad de los asesinos de nuestros familiares. No estamos en contra de la reinserción; estamos en contra de que se llame reinserción a lo que en realidad son excarcelaciones encubiertas”, ha remarcado de nuevo Consuelo Ordóñez.
“Dinámica de impunidad” y papel de la Fiscalía
Covite también ha puesto el foco en la “responsabilidad” de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en esta “dinámica de impunidad”, recordando que “es la única institución competente para recurrir los terceros grados y, por lo general, no lo está haciendo”.
“En la mayoría de los casos, la Fiscalía de la Audiencia Nacional está optando por otorgar validez a estos terceros grados fraudulentos, incluso conociendo que la modalidad de cumplimiento de esos terceros grados se transforma en poco tiempo del artículo 83 al 86, que implica una libertad casi total con una pulsera telemática”, ha denunciado el colectivo.
Por ello, Covite ha instado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional a que “ejerza su función” y recurra el tercer grado de Jon Bienzobas para “impedir que se consolide esta amnistía encubierta que ataca directamente el derecho de las víctimas a la justicia”.
“En la fase de ejecución de las condenas las víctimas no podemos estar personadas, por lo que la Fiscalía es la única institución que puede y debe velar por nuestro derecho a la justicia. Avalar decisiones como esta supone trasladar un mensaje devastador de impunidad”, ha zanjado el colectivo.