El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha hecho pública su denuncia por la concesión de un nuevo tercer grado “fraudulento” al etarra Asier Arzalluz Goñi, “condenado por delitos terroristas de extrema gravedad, entre ellos asesinato, intento de asesinato, atentados terroristas, detención ilegal y depósito de armas de guerra”.
Arzalluz Goñi fue sentenciado por el asesinato en el año 2000 de Irene Fernández Perera y José Ángel de Jesús Encinas. Ese mismo año participó también como autor material en el asesinato de Máximo Casado Carrera, por el que fue condenado en 2020. A finales de 2024 recibió otra condena de 30 años de prisión por el asesinato en el año 2000 de José Luis López de Lacalle.
Para Covite, esta nueva resolución, “apenas una semana después del artículo 100.2 concedido a 'Txeroki'”, evidencia que la política penitenciaria del Gobierno vasco hacia los reclusos de ETA “continúa avanzando a toda velocidad en la dirección marcada por la izquierda abertzale: flexibilizar el cumplimiento de las condenas sin exigir el arrepentimiento real que establece la ley para progresar en grado”.
El colectivo ha replicado a las manifestaciones de la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José, que defendió que estas decisiones son “completamente legales”. “Claro que son legales”, respondió la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, quien ha reconocido la legalidad de las medidas, pero ha remarcado que “con esa misma ley también podría adoptarse la decisión contraria”.
Ordóñez ha subrayado que “la ley no obliga a conceder ni terceros grados, ni el artículo 100.2, ni ningún otro mecanismo de flexibilización del cumplimiento de las condenas. La ley dice que se podrá conceder, no que se deba conceder. Ahí está la trampa”.
En esta línea, Covite sostiene que el marco jurídico actual “permitiría no conceder estos beneficios penitenciarios, especialmente cuando no existe ningún gesto mínimo de arrepentimiento real ni de desvinculación del entramado político y social de la izquierda abertzale, que sigue legitimando y vanagloriando los crímenes de ETA”. “No se debería premiar con semilibertad a quien no ha hecho nada por merecerla”, ha reiterado el colectivo.
Interpretación del arrepentimiento y reinserción
Según la asociación, “el problema no reside en la existencia de la norma, sino en la interpretación interesada de su elemento clave: el arrepentimiento”. A su entender, “se está vaciando deliberadamente de contenido este requisito esencial que la propia ley establece para progresar en grado”.
Covite considera que “se cumple formalmente con la legalidad, pero se pervierte su finalidad, que es garantizar un arrepentimiento auténtico y constatable, precisamente para cumplir con el principio fundamental que inspira nuestro sistema penal respecto al cumplimiento de las condenas: la reinserción de los penados”.
El colectivo insiste en que “solo mediante el arrepentimiento sincero por sus crímenes y la deslegitimación pública del terrorismo podremos creer en su reinserción”. “Lo hemos comprobado en el pasado, la última vez con la Vía Nanclares”, ha recordado Ordóñez.
En este sentido, remarcan que, en casos de terrorismo, el arrepentimiento “no debería basarse en una carta manuscrita privada con fórmulas genéricas”, sino en “hechos objetivos y públicos que acrediten una ruptura real con la trayectoria criminal y con el entorno político y social que todavía justifica el terrorismo”.
“Si el arrepentimiento fuera auténtico, tendría consecuencias visibles. Pero lo que vemos cada día demuestra exactamente lo contrario: la izquierda abertzale sigue considerando a la gran mayoría de los presos de ETA como 'presos políticos' y exhibiéndolos como si fueran héroes. Con lo cual, esas cartas en las que el Gobierno Vasco cimienta el cumplimiento del requisito del arrepentimiento son puramente instrumentales y constituyen un insulto a las víctimas, a quienes se nos exige un acto de fe mientras los hechos desmienten constantemente las palabras”, ha denunciado.
Vínculos con el entorno abertzale y petición a la Fiscalía
En relación con Asier Arzalluz Goñi, Covite afirma que “continúa plenamente vinculado a ese entorno” puesto que “figura en la última lista actualizada de Etxerat (30 de diciembre de 2025), organización que agrupa a los presos de ETA adscritos a la órbita política de Sortu y a los que siguen presentando como presos políticos”.
Asimismo, subrayan que su fotografía sigue apareciendo en concentraciones y actos públicos en favor de la excarcelación de los presos de ETA. “Estos hechos son incompatibles con cualquier arrepentimiento real. Demuestran que no ha existido desvinculación alguna del entramado radical que alentó el terrorismo y todavía hoy lo justifica. No se puede estar con la izquierda abertzale y estar arrepentido, puesto que la propia izquierda abertzale lo prohíbe expresamente desde hace muchos años”, han reiterado.
Covite mantiene que comprobar “si un preso de ETA está verdaderamente arrepentido es sencillo porque cuando lo está, queda automáticamente apartado del entorno político y social de EH Bildu”. “Ese es el único indicador fiable, y no se da en este caso”, han insistido.
Por último, el colectivo ha solicitado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que “ejerza su función” y recurra el tercer grado de Arzalluz Goñi para evitar que “se consolide esta amnistía encubierta que ataca directamente el derecho de las víctimas a la justicia”.
“En la fase de ejecución de las condenas las víctimas no podemos estar personadas, por lo que la Fiscalía es la única institución que puede y debe velar por nuestro derecho a la justicia. Avalar decisiones como esta y mirar hacia otro lado supone trasladar un mensaje devastador de impunidad”, ha concluido Covite.