El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha criticado la concesión de terceros grados “fraudulentos” a los etarras Arkaitz Agirregabiria del Barrio y Jon González González, “sin arrepentimiento”. A su entender, estas decisiones se enmarcan en una política penitenciaria que “continúa avanzando en la dirección marcada por la izquierda abertzale: vaciar las cárceles de etarras, sin exigirles este arrepentimiento, requisito legal ineludible para acceder al tercer grado”.
En una nota pública, Covite sostiene que ambos reclusos de ETA favorecidos por el tercer grado “continúan vinculados activamente a la izquierda abertzale y exhibidos públicamente por organizaciones como Sare y Etxerat”.
El colectivo indica que los dos “figuran en la última lista actualizada de Etxerat (30 de diciembre de 2025)”, donde se relaciona a los presos de ETA “adscritos a la órbita de Sortu, a los que califican como presos políticos”. Recuerda que la progresión de grado se apoya en cartas manuscritas privadas en las que los internos “expresan fórmulas genéricas de reconocimiento del daño causado, renuncia a la violencia y compromiso con vías democráticas”.
A juicio de Covite, estas manifestaciones “carecen de credibilidad cuando no van acompañadas de hechos objetivos que las respalden”. La presidenta de la asociación, Consuelo Ordóñez, recalca que “el artículo 90 del Código Penal exige signos inequívocos de arrepentimiento, no textos retóricos que nunca se hacen públicos y que son desmentidos por la realidad”.
Ordóñez añade que, en los casos de Agirregabiria y González, “los informes penitenciarios aluden a una supuesta actitud empática hacia las víctimas, sentimientos de culpabilidad y voluntad de reparación”, junto con elementos como “el apoyo familiar, la cualificación laboral o la ausencia de adicciones”.
No obstante, Covite remarca que ninguno de esos factores “sustituye el requisito legal esencial del arrepentimiento real”, que, según subraya, implica “necesariamente la ruptura con los entornos políticos y sociales que siguen justificando públicamente la trayectoria criminal de ETA”.
En esta línea, Ordóñez afirma que “no se puede estar con la izquierda abertzale y estar arrepentido, puesto que se lo prohíben expresamente desde hace muchos años, y se encargan de recordarlo públicamente cada cierto tiempo”.
Desde el colectivo de víctimas recalcan que “comprobar si un preso de ETA está verdaderamente arrepentido es sencillo”, porque “cuando lo está, queda automáticamente apartado de los entornos de la izquierda abertzale”, y citan como ejemplo que así sucedió con “el recientemente fallecido Iván Apaolaza”.
La presidenta de Covite se cuestiona que, “si tanta empatía tienen con las víctimas, ¿por qué no hacen públicas esas cartas y las dirigen a las familias de sus víctimas, en lugar de que solo queden en un expediente administrativo?”.
En su opinión, esas misivas “son una burla a la ley y un insulto a las víctimas, a las que se nos pide un acto de fe”. Considera “vergonzoso que, tanto el Gobierno Vasco como la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que es la única competente para recurrir los terceros grados y quien debe velar por nuestro derecho a la justicia en la fase de ejecución de las condenas, den validez a esas cartas cuyas palabras siempre son desmentidas por los hechos”.
“FALTA DE TRANSPARENCIA” EN LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS
Covite denuncia igualmente la “falta de transparencia” del Gobierno Vasco en la concesión de determinados beneficios penitenciarios a presos de ETA. Recuerda que la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, se comprometió públicamente en noviembre, en una jornada de la AVT, a “mejorar la información” a las víctimas del terrorismo, un compromiso que, según el colectivo, “no se está cumpliendo”.
En sus peticiones al Ejecutivo vasco, Covite ha reclamado conocer cuántos presos de ETA se han acogido al artículo 117 del Reglamento Penitenciario, un mecanismo excepcional que posibilita que internos en segundo grado —que aún no pueden pasar al tercero por no haber cumplido la mitad de la condena— accedan a beneficios propios del tercer grado.
Sin embargo, el colectivo asegura que el Gobierno Vasco “ha rehusado facilitar tanto el número como la identidad de los presos beneficiados, una negativa que no se produce por primera vez”. Ordóñez insiste en que “no se puede hablar de transparencia mientras se oculta información relevante sobre decisiones penitenciarias que afectan directamente al derecho de las víctimas a la justicia”.
Por último, Covite reprocha al Ejecutivo de Imanol Pradales que “no informe sobre los destinos laborales o de formación de presos de ETA beneficiados con terceros grados o con el artículo 117 del Reglamento Penitenciario, incluso cuando existen órdenes de alejamiento de sus víctimas”. El colectivo concluye que “las víctimas tenemos derecho a saber dónde van a trabajar estos presos. No proporcionar esa información supone una vulneración directa de nuestro derecho a la justicia”.