Covite ha declarado que con la voluntad política adecuada sería factible implementar un sistema de sanciones que impida la muestra de fotos de encarcelados de ETA durante las celebraciones en distintas localidades, especialmente prevalentes en la temporada estival. Además, ha mencionado que el Gobierno Vasco ya cuenta con una propuesta legislativa, respaldada por todas las asociaciones de víctimas, que busca establecer dicho régimen.
A través de las redes sociales, el grupo liderado por Consuelo Ordóñez ha mencionado que esta propuesta se inspira en la Ley 9/2023, de 28 de septiembre, de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, que incluye un sistema de sanciones administrativas para todos aquellos actos de exhibición pública de elementos o menciones en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe de estado de 1936 y de la dictadura franquista, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen.
Además, ha enfatizado en la necesidad de que las instituciones públicas tomen con seriedad y urgencia el tema de la radicalización violenta a favor de ETA. Covite advierte que mientras se siga otorgando legitimidad pública a los asesinos de ETA como ‘presos políticos’ o héroes, y se conmemore su pasado delictivo en eventos públicos, es casi imposible consolidar una verdadera paz social.
Según Covite, parece que el Gobierno Vasco no muestra interés político en adoptar estas medidas. El grupo también ha reiterado que nunca se ha opuesto a que los presos de ETA sean liberados tras cumplir sus sentencias, siempre que se haga conforme a la ley y a las sentencias condenatorias.
Finalmente, ha criticado que se esté incumpliendo la ley al conceder terceros grados y beneficios del artículo 100.2 sin el requerimiento legal del ‘arrepentimiento’. Covite subraya que la ley demanda pruebas claras de arrepentimiento para acceder a estos beneficios, algo que no se cumple si los presos están asociados a la izquierda abertzale y son venerados en sus eventos como héroes. En relación con las declaraciones de la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, Covite las considera un agravio hacia las víctimas y cuestiona la falta de pruebas palpables del reconocimiento del daño causado por parte de los reclusos.