Crisis de Gobierno en la mañana en la que el Consejo de Ministros debe aprobar el decreto ley de medidas anticrisis generada por la guerra de Irán. La reunión en Moncloa ha comenzado con más de dos horas de retraso por divergencias entre los socios de gobierno con las medidas que debe incluir el paquete de medidas anticrisis que saldrá de la reunión ministerial de este viernes en forma de Real Decreto-ley.
Los ministros de Sumar se han negado a sentarse con sus socios del Ejecutivo porque el plan que preveía sacar adelante Pedro Sánchez solo contemplaba rebajas fiscales, mientras que los de Yolanda Díaz reclaman también medidas de vivienda y topar márgenes empresariales.
Fuentes de Sumar aseguraron a Demócrata que "hay descontento con que las medidas de respuesta se limiten a bajadas de impuestos".
Por su parte, el PSOE se resiste a meter la renovación automática de los contratos de alquiler que vencen este año y el control de los márgenes empresariales, tal y como le piden sus socios, según ha podido saber Demócrata.
Aunque, finalmente, el Consejo de Ministros ha dado comienzo en torno a las 11:40 horas, según fuentes consultadas por este periódico, esto no quiere decir que se haya llegado todavía a un acuerdo entre PSOE y Sumar, por lo que se apura la negociación en Moncloa.
Plante de Sumar
Así, el Consejo de Ministros extraordinario ha empezado con una crisis en el Gobierno por el rechazo de los ministros de Sumar a que la reunión se iniciara si se excluía la extensión de los contratos de alquiler y las medidas de control sobre los márgenes empresariales en el paquete anticrisis.
Las conversaciones continúan abiertas para intentar incorporar ambas propuestas al texto definitivo.
“Esto no puede quedarse de la respuesta anticrisis, esto no puede ser un mero decreto de rebaja de impuestos”, remarcaban desde Sumar antes del inicio del Consejo.
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Líneas rojas
Los representantes de Sumar insisten en reforzar el acceso a la vivienda y el control de precios dentro de este paquete anticrisis, además de implantar un sistema de supervisión que evite que la bajada de impuestos se traduzca en beneficios extraordinarios injustificados para determinadas empresas.
En este sentido, el portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha censurado esta mañana al PSOE al considerar que se “escuda excesivamente en las derechas” con propuestas centradas en rebajas fiscales y se niega a incorporar medidas en materia de vivienda en el decreto anticrisis que ambos socios del Ejecutivo están negociando para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán.
Desde Moncloa se continúa perfilando el paquete de actuaciones para mitigar el impacto económico del conflicto en Irán.
A estas horas, lo que sí que parece claro que se incluya es una rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10%, según fuentes conocedoras del contenido del decreto.
Esta posible reducción fiscal se diferenciaría de la bonificación generalizada de 20 céntimos por litro de combustible que el Gobierno aprobó en 2022 para hacer frente a las repercusiones de la guerra en Ucrania.
Junts anticipa reducciones del iva en las facturas de la luz y del gas natural
Por su parte, esta mañana Junts adelantaba a TVE que las medidas anticrisis que aprobará el Consejo de Ministros incluirá alguna de las que ha peleado el partido catalanista como la reducción del IVA en la factura de la luz y en la del gas natural. Además, se reduciría el impuesto especial de la electricidad y se suspendería el impuesto a la producción eléctrica.
Riesgo de bloqueo en el Congreso
Pedro Sánchez, quien ha negociado directamente con Yolanda Díaz el desbloqueo de la situación, se encuentra en una complicada situación: incluir este viernes las demandas de sus socios de gobierno podría hacer que el próximo jueves su paquete anticrisis no fuera convalidado en el Congreso por falta de apoyos.
En este sentido, tanto PP como Junts ya han advertido que incluir medidas antidesahucios en el Real Decreto-ley que prepara el Gobierno supondría su rechazo al mismo.
Como ocurre con todo Decreto-ley, su entrada en vigor es inmediata tras su aprobación en Consejo de Ministros pero, posteriormente, debe ser votado en la Cámara Baja para su convalidación o derogación en un plazo máximo de treinta días. Con urgencia, la fecha de reválida para ese decreto se ha fijado para el próximo 26 de marzo.