Crisis de Gobierno en la mañana en la que el Consejo de Ministros debía aprobar el decreto ley de medidas anticrisis generada por la guerra de Irán. La reunión en Moncloa comenzó con más de dos horas de retraso por divergencias entre los socios de gobierno con las medidas que debía incluir el paquete de medidas anticrisis que saldrá de la reunión ministerial de este viernes en forma de Real Decreto-ley.
Los ministros de Sumar se negaron a sentarse con sus socios del Ejecutivo porque el plan que preveía sacar adelante Pedro Sánchez solo contemplaba rebajas fiscales, mientras que los de Yolanda Díaz reclamaban también medidas de vivienda y topar márgenes empresariales.
El desencuentro, finalmente, se salvó pactando dividir las medidas anticrisis en dos Decretos-ley. El que se aprobará hoy estaría centrado en las rebajas fiscales que quería el PSOE, pero también incluiría el control sobre los márgenes empresariales que reclamaban los de Yolanda Díaz, mientras que las medidas de vivienda -incluida la congelación de los alquileres- exigidas por Sumar se llevarían en un próximo Real Decreto-ley.
Antes del encuentro, fuentes de Sumar aseguraron a Demócrata que "hay descontento con que las medidas de respuesta se limiten a bajadas de impuestos".
Por su parte, el PSOE se resistía a meter la renovación automática de los contratos de alquiler que vencen este año y el control de los márgenes empresariales, tal y como le piden sus socios, según ha podido saber Demócrata.
El Consejo de Ministros dio comienzo en torno a las 11:40 horas sin tener cerrado un acuerdo, por lo que se apuró la negociación en Moncloa hasta el último momento.
Plante de Sumar
Así, el Consejo de Ministros extraordinario empezó con una crisis en el Gobierno, por el rechazo de los ministros de Sumar a que la reunión se iniciara si se excluía la extensión de los contratos de alquiler y las medidas de control sobre los márgenes empresariales en el paquete anticrisis, y concluyó con una relativa paz al resolver el conflicto con la decisión de dividir en dos el paquete de medidas anticrisis.
“Esto no puede quedarse de la respuesta anticrisis, esto no puede ser un mero decreto de rebaja de impuestos”, remarcaban desde Sumar antes del inicio del Consejo.
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Líneas rojas
Los representantes de Sumar insistieron en reforzar el acceso a la vivienda y el control de precios dentro de este paquete anticrisis, además de implantar un sistema de supervisión que evitara que la bajada de impuestos se traduzca en beneficios extraordinarios injustificados para determinadas empresas.
En este sentido, el portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, había censurado esta mañana al PSOE al considerar que se “escuda excesivamente en las derechas” con propuestas centradas en rebajas fiscales y se niega a incorporar medidas en materia de vivienda en el decreto anticrisis que ambos socios del Ejecutivo están negociando para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán.
El Decreto-ley de este viernes incluirá una rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10%, según fuentes conocedoras del contenido del decreto. Esta reducción fiscal se diferenciaría de la bonificación generalizada de 20 céntimos por litro de combustible que el Gobierno aprobó en 2022 para hacer frente a las repercusiones de la guerra en Ucrania.
Junts anticipa reducciones del iva en las facturas de la luz y del gas natural
Por su parte, esta mañana Junts adelantaba a TVE que las medidas anticrisis que aprobará el Consejo de Ministros incluirá alguna de las que ha peleado el partido catalanista como la reducción del IVA en la factura de la luz y en la del gas natural. Además, se reduciría el impuesto especial de la electricidad y se suspendería el impuesto a la producción eléctrica.
Riesgo de bloqueo en el Congreso
Pedro Sánchez, quien ha negociado directamente con Yolanda Díaz el desbloqueo de la situación, se encuentró en una complicada situación: incluir este viernes las demandas de sus socios de gobierno podría hacer que el próximo jueves su paquete anticrisis no fuera convalidado en el Congreso por falta de apoyos.
En este sentido, tanto PP como Junts ya habían advertido que incluir medidas antidesahucios en el Real Decreto-ley que prepara el Gobierno supondría su rechazo al mismo.
Como ocurre con todo Decreto-ley, su entrada en vigor es inmediata tras su aprobación en Consejo de Ministros pero, posteriormente, debe ser votado en la Cámara Baja para su convalidación o derogación en un plazo máximo de treinta días. Con urgencia, la fecha de reválida para ese decreto se ha fijado para el próximo 26 de marzo.