Francisco Martín, el delegado del Gobierno en Madrid, ha criticado duramente la decisión tomada por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de clausurar el Centro de Recepción, Atención y Derivación de Migrantes (CREADE) alegando falta de licencia. Martín ha denunciado que esta medida es ‘un ejercicio de racismo preventivo’ en un contexto donde el Gobierno central planifica la distribución de migrantes, distribución que ha enfrentado oposición en esta localidad madrileña.
En una entrevista concedida a RNE, Martín expresó su preocupación por la falta de cifras oficiales sobre la cantidad de migrantes que recibirán las Comunidades Autónomas y criticó la gestión de las administraciones lideradas por el Partido Popular, incluyendo la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, por no abordar este tema con la seriedad debida.
Martín también señaló que hasta la fecha de sus declaraciones, no se había recibido ‘ninguna comunicación formal’ sobre el cierre del centro por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, acusando al PP de enfocarse más en ‘los titulares’ y en seguir las directrices de ‘los ultras’.
El delegado subrayó como contradictorio que en 2022 el CREADE se abrió ‘de par en par’ para acoger a refugiados ucranianos, mientras que ahora se muestra reticente ante la llegada de migrantes africanos, calificando la reacción del PP de Madrid como ‘francamente irresponsable’. Además, reveló que el Ayuntamiento de Pozuelo solo realizó dos inspecciones urbanísticas recientemente, sin mayores acciones.
Martín, enfatizando el respeto a los Derechos Humanos y la vulnerabilidad de estas personas, indicó que el Gobierno central ‘analizará la decisión cuando llegue’, y mencionó que existen otros cuatro centros similares en España que operan normalmente. Concluyó destacando la necesidad de España de responder a la emergencia humanitaria como frontera sur de Europa, en lugar de crear más problemas.
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha comunicado al CREADE el cese cautelar de su actividad este jueves, justificándolo por la falta de licencias adecuadas para su uso residencial, y no como centro de actividades docentes, según fuentes ‘populares’ citadas por Europa Press.