Los letrados de la Comisión de Reglamento del Congreso cuestionan la reforma para regular las credenciales de prensa

Los servicios jurídicos del Congreso han expresado reservas sobre la propuesta del PSOE y sus socios para modificar el Reglamento del Congreso, la cual busca sancionar a los periodistas acreditados que interfieran en las actividades parlamentarias y de prensa. Se advierte que tal medida podría restringir ‘el derecho a la libertad de información’, por lo que se recomienda evaluar ‘si concurren requisitos para su legitimidad’. Además, mencionan que la imprecisión en las sanciones podría causar ‘inseguridad jurídica’.

De acuerdo con un documento técnico elaborado por los abogados, y al que Europa Press ha tenido acceso, se subraya la importancia de que cualquier regulación respete el derecho a la libertad de información, protegido por el artículo 53 de la Constitución española, asegurando que no se vulnere lo establecido por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

‘La presente proposición de reforma del Reglamento, al regular un régimen sancionador para los profesionales acreditados de medios de comunicación, supone una limitación del derecho a la libertad de información, por lo que es preciso valorar si concurren los requisitos para su legitimidad’, señala el informe.

Los letrados también recalcan que la regulación debe basarse en el principio de proporcionalidad y sugieren que la Mesa del Congreso, liderada por la socialista Francina Armengol, podría detallar más los ‘posibles escenarios’ que justificarían una sanción durante eventos como ruedas de prensa.

Además, apuntan que cualquier instrucción del personal parlamentario debe limitarse a organizar las actividades sin influir en el contenido de la cobertura mediática. También enfatizan que para imponer cualquier sanción es necesario contar con pruebas adicionales, como grabaciones de vídeo.

Por último, sugieren que se establezca un régimen de prescripción de las sanciones, donde las infracciones muy graves caduquen a los seis meses, las graves a los tres meses y las leves al mes. En relación con la otra reforma que busca incorporar el lenguaje inclusivo de género en el Reglamento, los letrados recomiendan considerar la introducción de una disposición adicional en lugar de reescribir todo el documento.