Political Watch, entidad independiente de observación política, ha señalado ciertos retrocesos en la reciente reforma del Reglamento del Senado, aprobada este miércoles. Según esta organización, la reforma no se alinea con el ‘Plan Parlamento Abierto’ ni con las políticas de transparencia llevadas a cabo por el Congreso, aunque sí reconoce un paso positivo al integrar un registro público de los intereses económicos de los senadores.
Por otro lado, desde Political Watch se critica la omisión en la reforma sobre el registro de lobbies y la huella legislativa, elementos que sí fueron considerados en el Congreso. Javier Pérez, director del observatorio, ha expresado su preocupación: “El avance en la transparencia, la rendición de cuentas y la participación que tanto necesitamos es desigual y desacompasado. Es momento de medidas de apertura radicales, no de avances tibios y mucho menos de pasos atrás”.
La reforma también ha sido cuestionada por limitar la capacidad de los grupos parlamentarios plurales al exigir la firma de todos sus miembros para presentar una proposición de ley, una condición que Pérez califica de “letal” para la diversidad interna de estos grupos. Además, se critica la asignación de solo cinco minutos para la presentación de peticiones ciudadanas en el Pleno del Senado y la interpretación del silencio administrativo como una negativa para los ciudadanos, mientras que para los senadores, la falta de respuesta se considera como una petición estimada, requiriendo una respuesta en tres días por parte de la Mesa del Senado.
“Facilitar a los senadores y senadoras ejercer su derecho de acceso a la información pública no puede hacerse en ningún caso en mejores condiciones respecto de las que tiene cualquier ciudadano. Eso solo traslada el mensaje de que no todos somos iguales ante la ley”, reflexiona Pérez.
“MAL MOMENTO PARA RETROCEDER”
Según Pérez, este retroceso sucede en un momento inoportuno, marcado por un creciente descontento ciudadano hacia la política y un estancamiento en la calidad democrática, como indica el Índice de Calidad de la Democracia 2024 de la Fundación Alternativas. “Las y los representantes políticos no parecen reaccionar a las preocupaciones ciudadanas en este sentido”, lamenta.
Finalmente, se valora positivamente la exigencia hacia los senadores de presentar declaraciones de actividades y patrimonio, así como de rentas e intereses económicos, que serán completamente públicos. También se destaca la creación de una comisión de vigilancia de las contrataciones de la Administración General del Estado y del sector público institucional estatal.