Críticas en el Parlament a la ausencia en la comisión de espionaje por parte de relevantes figuras políticas

Este jueves, los partidos Junts, ERC, Comuns y CUP han expresado su reprobación hacia la ausencia de determinados individuos en la comisión del Parlament destinada a investigar las infiltraciones policiales en colectivos sociales y políticos, así como el ciberespionaje mediante el software Pegasus.

«Les debería caer la cara de vergüenza al Gobierno del Estado y a todos los cargos del Estado que están actualmente en Catalunya, en competencias de ámbito catalán, policial o de seguridad», enfatizó Xavier Pellicer (CUP), presidente de la comisión, durante una conferencia de prensa.

Pellicer ha señalado que aquellos que han evitado comparecer ante la comisión han violado el reglamento del Parlament, motivo por el cual han sido denunciados ante la Fiscalía. No obstante, ha admitido tener «pocas» esperanzas respecto a la actuación de Fiscalía, la cual debería proteger los derechos públicos y fundamentales de la ciudadanía.

«Han sido muy valientes a la hora de espiar y a la hora de infiltrarse, pero no han querido dar ningún tipo de explicación. Esto tiene muy poco de democrático y me parece una vergüenza, ha declarado Pellicer, confiando en que en Europa puedan hallar justicia.

Para Francesc de Dalmases, diputado de Junts, la falta de comparecencia de figuras políticas significativas en una comisión de investigación constituye un escándalo en cualquier democracia. Acusa directamente a PSC y PP de «avalar y mirar hacia otro lado ante esta falta de respeto institucional».

Por su parte, Mar Besses, diputada de ERC, ha criticado los «silencios y complicidades», especialmente de políticos del Partido Socialista, incluyendo al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y a Maria Eugènia Gay, así como a otros mandos de la Policía Nacional por su reticencia a rendir cuentas ante la comisión.

Andrés García Berrio de los Comuns ha calificado de incomprensibles las ausencias en la comisión y ha cuestionado la gestión de Marlaska en el Ministerio del Interior, argumentando que «ningún caso respeta los derechos humanos de manera efectiva» y sugiriendo la necesidad de un nuevo liderazgo.