Este jueves se cumplen cuatro décadas del referéndum que respaldó la permanencia de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Aquel plebiscito, con una participación cercana al 60%, dejó a la sociedad partida en dos: un 52,5% se inclinó por el sí, un 39,9% por el no y un 6,5% optó por la abstención, sellando la integración plena de España en el bloque occidental.
Cuarenta años después, las discusiones en torno a la Alianza Atlántica vuelven a cobrar fuerza, con España en el centro del escenario tras negarse a que Estados Unidos utilice las bases de Rota y Morón en los ataques contra Irán iniciados el 28 de febrero. También pesa el hecho de que España haya sido el único país que ha votado en contra de elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, decisión duramente cuestionada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha llegado a afirmar: “Es un país perdedor. No juegan en equipo y no voy a jugar con ellos”.
Para entender el origen de este debate hay que retroceder al inicio de la década de los 80. El proceso de incorporación a la Alianza se puso en marcha tras el discurso de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del Gobierno, el 25 de febrero de 1981, apenas dos días después del intento de golpe de Estado del 23F. El 2 de diciembre de ese mismo año, España notificó formalmente su voluntad de integrarse en la OTAN y el 30 de mayo de 1982 se convirtió en el miembro número 16 de la organización (hoy son 32).
En aquel contexto, el PSOE de Felipe González concurrió a las elecciones del 28 de octubre de 1982 –que ganó con 202 diputados– con el eslogan “OTAN, de entrada no”. Sin embargo, una vez en La Moncloa, González rectificó su posición y decidió someter a consulta popular no solo la continuidad de España en la Alianza, sino también su propio liderazgo al frente del Ejecutivo y del partido. Ese viraje provocó la dimisión de su ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, que no compartía el cambio de rumbo.
González no tenía más remedio que defender el 'sí'
Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid, sostiene que el tránsito de Felipe González hacia el 'Sí' en el referéndum fue “más que lógico” en un escenario todavía marcado por la Guerra Fría. A su juicio, “González no tenía más remedio si quería formar parte de la Comunidad Económica Europea (CEE)”.
Uno de los principales argumentos esgrimidos a favor de la OTAN fue que la reciente entrada en la CEE, hoy Unión Europea (UE), el 1 de enero de 1986, implicaba asumir obligaciones comunes en materia de seguridad. Antes de ese ingreso, el discurso dominante presentaba la pertenencia a la Alianza Atlántica como “condición necesaria” para acceder a la CEE, según recuerda la historiadora Giulia Quaggio, especialista en la Europa de posguerra y coordinadora de la obra “Imaginando la Guerra Fría desde los márgenes: la sociedad española y la OTAN”.
Tres condiciones para preservar el interés nacional
El texto sometido a consulta el 12 de marzo de 1986 fue “cuidadosamente elegido” por el PSOE, que “tenía mucho miedo”, apunta Quaggio. Incluía tres condiciones que el Ejecutivo consideraba “convenientes para los intereses nacionales”, tal y como recogía el propio documento.
La primera establecía que “La participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación a la estructura militar integrada”. Esta cláusula se anuló el 1 de enero de 1999, bajo el Gobierno de José María Aznar, tras casi tres años de conversaciones. El cambio se explica por la desaparición del 'Telón de acero' y la disolución de los bloques surgidos tras la II Guerra Mundial. Además, la posición española se había reforzado con el nombramiento en 1995 del primer secretario general español de la OTAN, Javier Solana, que ocupó el cargo hasta 1999.
El segundo punto señalaba que “Se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español”. Esta condición se apoyaba en el proceso de desnuclearización militar iniciado en 1979 con el “Tratado de Amistad y Cooperación Hispano-Norteamericano”, aunque España no se adhirió al “Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares” hasta 1987.
La tercera propuesta indicaba que “Se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España”. De las cuatro bases contempladas en los “Pactos de Madrid” de 1953 –Zaragoza, Morón, Rota y Torrejón–, la de Zaragoza se abandonó en 1992 y la de Torrejón mantuvo una presencia estadounidense cada vez más limitada hasta 2004. Rota y Morón son hoy las únicas instalaciones bajo uso conjunto hispano-estadounidense y han vuelto a la actualidad por la negativa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que se empleen en la guerra en Irán, y por la reacción de Donald Trump, que incluso ha amenazado a España con un bloqueo comercial.
Con estas premisas, la pregunta a la que respondieron afirmativamente más de nueve millones de ciudadanos, el 52,5%, y negativamente más de seis millones ochocientos mil, el 39,9%, fue: “¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación?”.
Una OTAN cambiante
La aplicación actual de los compromisos refrendados el 12 de marzo de 1986 resulta compleja y vuelve a suscitar controversias en la opinión pública. “El contexto de hace 40 años tiene poco que ver con el actual”, resume el analista político Eduardo Bayón, que sitúa los últimos compases de la Guerra Fría como telón de fondo del escenario internacional de 1986. Fernando Vallespín también considera “radicalmente distintos” los marcos de 1982 y 1999, es decir, el de la entrada en la Alianza y el de la incorporación a la estructura militar integrada.
En esta línea, Bayón recuerda que la Guerra de Irak de 2003, apoyada por España tras la Cumbre de las Azores, y la posterior “muerte cerebral” de la OTAN, en palabras del presidente francés, Emmanuel Macron, en 2019, ilustran la deriva de este sistema de seguridad colectiva. Para Vallespín, esa deriva obligó a la organización a “aclararse para qué sirve”.
Según el catedrático, el equilibrio alcanzado en la OTAN a finales del siglo XX se mantuvo hasta el “Trump 2.0” –en alusión al segundo mandato del actual presidente estadounidense–, que “resquebrajó el equilibrio”. A su juicio, se vive una “situación de indefinición del compromiso de Estados Unidos, que ha sido históricamente la voz de mando de la Alianza”. Bayón coincide en que Washington se ha convertido en “un aliado no fiable por mera trayectoria”.
En este contexto, Vallespín considera que, tras la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de vetar el uso de las bases españolas en la guerra en Irán, la postura de España es “impecable desde el Derecho Internacional”.
Respecto a la posibilidad, esgrimida por Donald Trump, de que Estados Unidos adopte represalias contra España, Vallespín sostiene que “la base de Rota es imprescindible. Podrían llevarla a Marruecos, pero sería un coste enorme”. Por ello, no cree “viable a corto plazo” ese traslado, ni tampoco ve factible “un boicot comercial”.
El referéndum situó a España ante la comunidad internacional
La consulta del 12 de marzo de 1986 tuvo una repercusión que desbordó las fronteras españolas. “El referéndum puso a España delante de toda la comunidad internacional”, subraya Giulia Quaggio.
Por un lado, Estados Unidos “estaba muy preocupado por perder las bases militares, para ellos lo más importante”, explica la historiadora. En su esfera de influencia, la República Federal Alemana (RFA) siguió con atención el proceso que ahora cumple 40 años.
Al otro lado del 'Telón de Acero', la Unión Soviética aprovechó la ola de movilización de los movimientos pacifistas en Europa, que desembocaron en manifestaciones masivas en España, aunque “no puede saberse hasta qué punto incidió”, matiza Quaggio.