La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha interpretado las conclusiones del Abogado General del Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea como una confirmación de que la ley de amnistía constituye una vulneración del Estado de Derecho. Gamarra ha destacado que esta normativa, que describe como ‘una autoamnistía’, se diseñó con el fin de ‘comprar’ la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
‘Es claro y contundente el Abogado General cuando habla y advierte de la vulneración de los principios del Estado de Derecho en esa ley. Y esto es de máxima gravedad’, declaró Gamarra en una intervención ante los medios en el Congreso.
Según el Abogado General del TJUE, ciertas disposiciones de la Ley de Amnistía a los líderes del ‘procès’ catalán podrían ser incompatibles con el derecho comunitario, aunque rechaza que la tramitación de la ley constituya una ‘autoamnistía’ o que interfiera con la legislación de la UE en materias como la lucha contra el terrorismo o la protección de los intereses financieros de la UE.
‘Hablamos de una ley que es una autoamnistía’, insistió Gamarra, añadiendo que la ley fue un mecanismo ‘a través del cual se compró una investidura’ de Sánchez y que ha sido ‘utilizada única y exclusivamente con el objetivo de permanecer en el poder’ tras ‘haber perdido las elecciones’. Además, subrayó que la ley se planteó no como un instrumento de convivencia, sino por conveniencia, siempre articulada como un medio para conseguir una investidura a cambio de ofrecer inmunidad e impunidad a quienes ‘habían vulnerado nuestro Estado de Derecho’.
Aunque aún se espera la sentencia definitiva del Tribunal de Justicia de la UE, Gamarra señaló que el Abogado General ‘vuelve a ratificar que esta ley puede vulnerar el Estado de Derecho’ y que ‘el artículo 2 del tratado se puede activar’. Considera que estas observaciones ‘avalan’ ‘todas las actuaciones que se han llevado a cabo por parte de la justicia española’.
‘España no puede estar aprobando leyes que vulneren el Estado de Derecho en ningún ámbito’, enfatizó Gamarra, destacando que es un ‘avance importante’ que el Abogado General haya emitido un comunicado ‘suficientemente grave y contundente’ sobre este asunto.
En relación a las declaraciones del Abogado General sobre que la norma parece haberse aprobado en un contexto de reconciliación política y social, que no constituye una autoamnistía y que no afecta los intereses financieros de la UE, Gamarra recalcó que se trata de ‘un informe’ y que es crucial esperar al fallo del tribunal. ‘Aquí lo único que vale es la sentencia del TJUE’, concluyó, aunque reafirmó que el informe es ‘claro y contundente’ en cuanto a la ‘vulneración de los principios del Estado de Derecho en esa ley’, algo que considera de ‘máxima gravedad’.











