Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, anunció que la Junta ya había presentado alegaciones a la Ley de Dependencia para asegurar que el Gobierno central financie el 50% de esta ley.
El martes 15 se dio un paso adelante con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del proyecto de ley que modifica la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, comenzando así su proceso de aprobación en el Congreso de los Diputados.
Interrogada sobre este proceso, Isabel Blanco subrayó que la exigencia principal de la administración regional es que el gobierno nacional «Llevamos muchos años pidiéndolo y la cantidad que aporta el Estado no llega a ese 50 por ciento».
Blanco también destacó una reducción en los fondos para este año, lo que afecta tanto a los menores como al Plan Corresponsables. Adicionalmente, señaló que mientras se ofrece una financiación especial a otras comunidades, a Castilla y León se le recortan «cantidades importantes para las personas más vulnerables».
La vicepresidenta criticó el enfoque del «cupo separatista» del gobierno, que a su juicio, resta recursos a otras comunidades y compromete la calidad del servicio público. En este contexto, mencionó que la Junta está preparada para presentar los recursos necesarios ante el Tribunal Constitucional.
Estas declaraciones se realizaron en Astorga, León, durante la visita de Blanco al centro social ‘Las Cinco Llagas’ de Cáritas Diocesana.