Presidentes autonómicos entre los afectados
La filtración incluye datos personales de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de Andalucía; Jorge Azcón; Alfonso Fernández Mañueco; Carlos Mazón; María Guardiola; María Chivite; y Imanol Pradales, entre otros. En total, la base de datos afecta a responsables políticos de 15 comunidades autónomas, tanto presidentes como consejeros, pertenecientes a diferentes partidos y sensibilidades ideológicas.
Qué datos se han publicado
El alcance de la información filtrada varía según la víctima. En algunos casos, como el de Ayuso, los datos expuestos se limitan al correo electrónico personal. En otros, la filtración es mucho más extensa e incluye:
- Direcciones de domicilio
- Números de teléfono móvil
- DNI
- Matrículas, modelo y color del vehículo
- Cuentas bancarias
- Datos de suministros, como el código del contador del gas
En uno de los casos, incluso se han difundido datos de una persona identificada por el atacante como pareja de uno de los presidentes autonómicos.
Un ataque construido a partir de bases de datos robadas
La presencia de información muy específica y heterogénea apunta a que el autor no habría realizado ataques individuales a cada cargo público, sino que habría cruzado distintas bases de datos robadas previamente. Este método es habitual en campañas de doxxeo de gran escala.
El atacante se identifica con el alias “Eurogosth” y no ha ofrecido una motivación política clara. En el único mensaje que acompaña a la publicación advierte de una posible segunda versión de la base de datos, incluso con información de familiares, sin confirmar detalles.
El doxxeo, una práctica cada vez más habitual
Este tipo de ataques, conocidos como doxxeo, consisten en la revelación deliberada de información personal con fines de intimidación, acoso o represalia. Tradicionalmente vinculados a conflictos entre ciberdelincuentes, en los últimos años se han extendido como herramienta de presión y castigo contra representantes políticos.
Durante 2025 ya se produjeron filtraciones similares que afectaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a miembros del Ejecutivo, periodistas y ciudadanos anónimos, en algunos casos con motivaciones ideológicas explícitas.
Riesgos legales y respuesta policial
La publicación de este tipo de datos puede constituir delitos contra la intimidad, amenazas, coacciones o, en los casos más graves, delitos contra altas autoridades del Estado. Las fuerzas de seguridad investigan ya varias de las filtraciones recientes, incluidas las que afectaron a altos cargos del Ministerio de Transportes.
Cuando se dirigen contra figuras públicas, estos ataques suelen servir de base para campañas de acoso, estafas o usurpación de identidad, elevando el nivel de riesgo personal y de seguridad para los afectados.
Un fenómeno que se consolida
La nueva filtración confirma que el doxxeo se ha consolidado como una herramienta recurrente de hostigamiento político en España. La reiteración de ataques y la reutilización de las mismas plataformas especializadas subrayan la dificultad de frenar estas prácticas sin intervención judicial y refuerzan el debate sobre la protección digital de los cargos públicos.