Al inicio de la reunión de Asuntos Generales, varios ministros europeos han expresado este viernes que aún es temprano para decidir sobre la oficialidad del catalán, euskera y gallego, debido a las continuas ‘muchas dudas’ respecto a las consecuencias legales, prácticas y económicas de tal acción para la Unión Europea.
Marie Bjerre, ministra danesa de Asuntos Europeos y actual presidenta del Consejo de la UE, señaló al llegar que no prevé que el tema sea sometido a votación hoy, dado el panorama de incertidumbre que rodea esta cuestión que necesitaría unanimidad para ser aprobada.
‘España quiere poner el caso de las lenguas en la agenda de nuevo y como presidencia vamos a facilitar el debate’, declaró la ministra a la prensa en Bruselas, añadiendo que es consciente de las ‘muchas dudas planteadas por parte de los Estados miembro’.
Adam Szlapka, ministro de Asuntos Europeos de Polonia, también comentó que ‘Hay muchas dudas sobre este asunto entre los Estados miembro y creo que hay ciertas dudas legales’, reflejando la postura de cautela generalizada.
Xavier Bettel, ex primer ministro de Luxemburgo y actual ministro de Exteriores, indicó que ‘realmente no es el momento adecuado’ para buscar un acuerdo sobre la cuestión lingüística, dadas las negociaciones actuales sobre temas críticos como sanciones a Rusia y el conflicto en Palestina.
En respuesta a las reticencias, Fernando Sampedro, secretario de Estado para la Unión Europea de España, instó a sus colegas a ‘no secuestrar o retrasar innecesariamente’ la iniciativa española, argumentando que el Gobierno ha aclarado las dudas legales y financieras presentadas por otros Estados miembros.
Además, Sampedro subrayó que ‘No se trata de confrontar, se trata de dialogar’, y resaltó los esfuerzos de España por proporcionar detalles claros y modificar propuestas para asegurar que todos los costes asociados serían cubiertos por el Gobierno español.
Finalmente, aunque no se espera una votación inmediata debido a la necesidad de consenso, España continúa defendiendo la oficialidad de estas lenguas como una medida para ‘acabar con una discriminación’ hacia millones de ciudadanos europeos.