La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha manifestado este jueves en el Congreso que su Departamento no ha suscrito acuerdos con Huawei y ha subrayado que, en cualquier caso, las contrataciones del Ministerio incluyen suficientes cláusulas de control y se ajustan al marco legal español y comunitario.
Durante su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional, la número dos de Defensa ha tenido que responder a las dudas planteadas por el PP sobre posibles contratos del Gobierno con la compañía china. El diputado Rafael Hernando ha recordado que los informes de Seguridad Nacional del propio Ejecutivo de coalición señalaban en 2023 que “los servicios de inteligencia chinos siguen muy activos en la obtención de información de la Unión Europea y la OTAN”.
En esa línea, ha citado que “La estrategia híbrida de China en España tiene dos objetivos. El primero, obtener información política, militar o tecnológica. Y el segundo, la construcción de redes de influencia en la alta esfera del poder político con capacidad para ejercer presión”.
Defensa insiste en el marco legal y la coordinación con la UE
En su contestación, Valcarce ha reiterado que Defensa “no ha adjudicado contratos a Huawei” en los ámbitos vinculados con la Inteligencia o la Ciberseguridad y ha recalcado que “España aplica un marco sólido y coherente con los objetivos europeos de refuerzo de la ciberseguridad y de protección de las cadenas de suministro de tecnologías de la información y las comunicaciones”.
Ha recordado que la Comisión Europea presentó el pasado mes de enero un nuevo paquete legislativo en materia de ciberseguridad que incluye la revisión del reglamento vigente con el objetivo de “reforzar la resiliencia de la Unión Europea y reducir los riesgos en las cadenas de suministro en Tecnologías de la Información (TIC) procedentes de proveedores de terceros países que puedan plantear problemas de seguridad nacional”.
Aunque esa normativa sigue en fase de tramitación, Defensa sostiene que ya ha puesto en marcha medidas alineadas con esos fines y “garantiza que todos los procedimientos de contratación se desarrollan con pleno respeto a los intereses de la seguridad y la defensa nacional y dentro del marco jurídico vigente”.
En este contexto, ha detallado que en las licitaciones abiertas se incluyen de forma sistemática cláusulas específicas para salvaguardar los intereses de la seguridad y la defensa nacional y toda la información asociada, sin limitarse únicamente a empresas chinas, sino aplicándose a cualquier proveedor.
Asimismo, se regula el tratamiento y la custodia de la información clasificada del Ministerio de Defensa a la que puedan acceder las compañías contratistas y se les exige el compromiso de no revelar, utilizar, ceder ni disponer de datos o documentación vinculados a los contratos para fines distintos a su ejecución, salvo consentimiento previo y por escrito del Ministerio.
Controles, auditorías y supervisión de proveedores
Valcarce ha añadido que “Estas exigencias se complementan con una política activa de supervisión de proveedores en todos los sectores sensibles, basada en evaluaciones de riesgo para la seguridad nacional, análisis de posibles vínculos con gobiernos extranjeros” por parte del mando conjunto del ciberespacio y el centro criptológico nacional.
Ha explicado también que “Los contratos incorporan mecanismos de control continuado, auditorías y verificaciones de interoperabilidad con sistemas de la OTAN y de la Unión Europea, así como medidas específicas de mitigación frente a riesgos tecnológicos o geopolíticos”.
En lo que respecta a infraestructuras críticas, ha remarcado que “se exige además la validación previa de los órganos responsables de la seguridad y se excluye a proveedores que no garanticen la trazabilidad y el control nacional de los datos”.