El Ministerio de Defensa destinará un 15% de las vacantes en los dispositivos de prevención de incendios y en los servicios de Protección Civil al personal de Tropa y Marinería, así como a los Reservistas de Especial Disponibilidad (RED).
Esta medida responde a una iniciativa planteada por la Unión de Militares de Tropa (UMT) en el último Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS), celebrado en diciembre, y que el departamento que dirige Defensa ha asumido “en su totalidad”, tal y como ha comunicado la propia asociación.
De acuerdo con la UMT, Defensa ya ha puesto en marcha contactos con Protección Civil y con las administraciones forestales, tanto estatales como autonómicas, con el objetivo de impulsar una reforma de la Ley de Montes y de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil que haga efectiva esta “pasarela laboral” y evite que estos militares queden sin salida profesional al cumplir 45 años.
El pacto incluye también la homologación directa de la formación, de forma que se reconozcan oficialmente las capacidades adquiridas en las Fuerzas Armadas, en especial en la Unidad Militar de Emergencias (UME). Asimismo, se contemplan itinerarios específicos de acceso a empleo público estable y modalidades de voluntariado bonificado dirigidas a los RED.
Medida enmarcada en la emergencia climática
La UMT subraya que este “logro” cobra especial importancia en el contexto de “la grave emergencia climática vivida durante el verano del 2025, con incendios, inundaciones y episodios extremos que evidenciaron la necesidad urgente de reforzar los sistemas de respuesta civil del Estado”.
“Es un triunfo del sentido común y de la justicia laboral”, ha manifestado el presidente de la UMT, Francisco José Durán Baños. “Hemos demostrado que el personal de tropa y marinería es un activo irrenunciable para la seguridad del Estado, no un pañuelo de usar y tirar a los 45 años”, ha añadido.
Pese al avance, la UMT ha denunciado “la actitud obstruccionista” de la Administración, al recordar que la iniciativa “fue bloqueada inicialmente” en la sesión de COPERFAS de septiembre de 2025 mediante una “interpretación asfixiante del reglamento”. Según la organización, el acuerdo finalmente se ha materializado “tras meses de bloqueo burocrático”.