El Ministerio de Defensa valoraba que la opción de un golpe de Estado militar en España constituía la tercera gran amenaza interior apenas dos semanas antes del 23F, solo por detrás del terrorismo y del separatismo.
Esta conclusión figura en uno de los documentos recientemente desclasificados por Defensa sobre los hechos ocurridos hace 45 años, el “Informe semestral sobre la amenaza interior”, fechado el 10 de febrero de 1981.
Tras un detallado estudio de la situación, el informe determina que la hipótesis “más probable es la del terrorismo en forma de una intensifcación y radicalización de su acción”.
En segundo lugar, el texto consultado por Europa Press indica que “aparece la hipótesis de brotes más o menos generalizados de desobediencia civil separatista, posiblemente acompañados de acciones o declaraciones 'oficiales' a nivel local”.
El documento, elaborado por el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), advierte además de que esta hipótesis “pudiera combinarse con un incremento de la actividad terrorista enfocado a la realización de una guerra de guerrillas.
“En tercer lugar deben considerarse las hipótesis de acciones involutivas, bien por medio de maniobras políticas extraconstitucionales con respaldo militar o por acciones armadas de entidad limitada”, añade el informe, subrayando que “existe una estrecha interrelación entre las distintas hipótesis”.
Definición de la amenaza de involución
En el apartado dedicado a la “involución”, Defensa engloba “todas las acciones que, de modo directo o indirecto, tengan como finalidad la conquista de la estructura del Estado”, ya sea mediante “medios ajenos a los previstos en la Constitución” y que estén “promovidos desde intereses inversos o contrarios a los revolucionarios”.
El Ministerio reconoce la existencia de “dificultades específicas” para precisar “con una cierta claridad” la situación de la “amenaza involucionista”. Incluso señala que las Fuerzas Armadas, “aunque son por mandato constitucional las que garantizan la defensa del Estado” son también, “paradójicamente”, el “principal agente involutivo potencial como elemento de fuerza que realice la acción anticonstitucional de arrebatar el poder”.
El informe apunta que, en lo relativo a las FAS, resulta complejo realizar la “descripción del total de la amenaza”, ya que el ámbito informativo del CESID no las incluye entre sus competencias y son los servicios de información de los tres Ejércitos quienes asumen esa tarea.
Defensa detalla que el peligro efectivo de un “intento involutivo” podría surgir como reacción al terrorismo de ETA, al separatismo y al “actuar específicamente” contra las FAS y los Cuerpos y Seguridad del Estado “como posible factor desencadenante”. También alude a una “acción psicológica coordinada” o a la “multiplicación de la tensión social” con el fin de generar “apoyo popular a la necesidad de una solución militar del problema”.
El documento recoge igualmente que Defensa percibe “diversas gestiones dirigidas a crear diferentes modos de compromiso clandestinos” entre profesionales de las FAS y las FSE. Entre los planes detectados se incluyen “soluciones radicales” como regresar a “la legalidad de 1975”; así como otra propuesta alternativa que plantea “un gobierno de gestión” con una Constitución “más conservadora, de corte presidencialista”.