El 25 de abril de 1986, el rey Juan Carlos I sancionó la Ley General de Sanidad. Ahora que se cumplen 40 años de este momento, en declaraciones a Demócrata, la ministra de Sanidad, Mónica García se muestra tajante: "Hay pocas leyes cuya utilidad pueda medirse con tanta claridad a lo largo del tiempo. Esta es una de ellas".
Aprobada en los últimos coletazos de la primera legislatura del gobierno socialista, la Ley General de Sanidad introdujo la libertad de elección médica, adecuó el sistema al mapa autonómico y concretó nuevas formas de financiación. Además, codificó una nueva visión sanitaria: el modelo preventivo cimentado en los centros de atención primaria, por un lado, y la asistencia especializada, por otro.
La tramitación parlamentaria de esta norma, que celebra su 40º aniversario, se produjo de forma paralela a otras cuestiones de gran calado como la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG) o a los trabajos del Estatuto del Diputado. A pesar de su trascendencia, cabe precisar que, mientras la Ley General de Sanidad afrontaba sus últimas votaciones, la opinión pública permanecía ajena. Era marzo de 1986 y la sociedad española solo tenía voz y ojos para el referéndum de la OTAN.
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Salto al futuro
Ernest Lluch fue el ministro del ramo al que le tocó emprender la reforma. España hacía ya una década que había dejado atrás la dictadura y actualizar el modelo sanitario era, a esas alturas, la gran asignatura pendiente.
"Era imprescindible desarrollar ese derecho y hacerlo efectivo. Hasta entonces teníamos un modelo fragmentado, basado en el aseguramiento, que dejaba fuera a mucha gente. La ley permite dar el salto a un sistema nacional de salud: público, universal y con la atención primaria como columna vertebral", apunta la actual ministra de Sanidad al recordar la aprobación de este hito.
Como el propio Lluch reconoció a finales de 1985, se habían vivido "muchos intentos" sin éxito. El temor que había acompañado a sus antecesores y que él también tenía era lograr esos cambios sin alterar la actividad. Es decir, evitando tensiones que llevaran a los trabajadores sanitarios a interrumpir su trabajo o a ir a la huelga.
Hay pocas leyes cuya utilidad pueda medirse con tanta claridad a lo largo del tiempo. Esta es una de ellas
En el debate de totalidad, Lluch insistió en la importancia de que la norma saliera adelante para acabar con un "marco muy anticuado". En 1986 nuestro país ya estaba dentro de la Comunidad Económica Europea (CEE), pero la sanidad seguía regulada por una norma aprobada en 1944. La propuesta del Gobierno socialista apostaba por introducir más educación sanitaria, incorporar los avances informáticos del momento, reconocer la salud laboral y darle una vuelta a la cartera psiquiátrica para introducir las prestaciones de salud mental.
Su aprobación supuso la creación del Instituto de Salud Carlos III y del Sistema Nacional de Salud (SNS). El SNS fue un hito fundamental que universalizó la asistencia sanitaria y unificó los servicios de salud bajo la responsabilidad de los poderes públicos. Este sistema transformó el anterior modelo de seguro obligatorio (1963) del franquismo, basado en cotizaciones, hacia uno financiado por impuestos generales, garantizando la atención universal y equitativa.
iNSTITUTO DE SALUD CARLOS Iii
El Instituto de Salud Carlos III fue concebido en 1986 como el gran referente estatal en investigación biomédica y salud pública, aunque su desarrollo se produjo durante la década de los noventa. Entre sus fines destacan la investigación científica en salud, la vigilancia y el control de enfermedades.
Según sus propios datos, en 2025 dedicaron 192 millones en ayudas a la I+D+I. Forman parte de 27 programas de vigilancia microbiológica y participan en ocho infraestructuras europeas de investigación. Además, tienen acreditados 36 Institutos de Investigación Sanitaria (IIS).
En la actualidad, es uno de los pilares de la salud pública en España. Por ejemplo, durante la crisis del COVID-19, el Instituto lideró la detección y confirmación de los primeros casos, coordinó la vigilancia epidemiológica a nivel estatal y proporcionó datos clave para la toma de decisiones.
CCAA de primeras y de segundas
Durante los debates, Lluch también apremió a los grupos parlamentarios a sacar adelante la reforma bajo la premisa de adecuar la ley al nuevo mapa. La norma de 1944 respondía a una concesión centralizada del Estado que primó en la dictadura, pero que distaba mucho de la organización territorial de 1986.
El texto que finalmente publicó el BOE establecía un sistema a dos niveles en función del tipo de autonomía: las que tenían competencias en materia de Seguridad Social (como Cataluña o el País Vasco) pasaron a tener una red única e integrada, y las que carecían de estas competencias, tuvieron que "conformarse" con una coordinación entre los recursos sanitarios propios y los del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD).
El Grupo Socialista contaba con una mayoría más que absoluta para aprobar la norma sin sobresaltos, aún con ello, desde el Ejecutivo se tendió el brazo a la oposición. Alianza Popular (AP) criticó tanto la forma, "vía ley ordinaria, cuando contiene preceptos de ley orgánica", como el fondo. Para los de Manuel Fraga, la descentralización suponía un problema que mermaría la calidad de los servicios. Tampoco veían lógico que se liberalizara la elección médica para el servicio, pero no en relación al profesional. Los populares acabaron decantándose por el no.
40 años después, la ministra de Sanidad insiste en Demócrata en la necesidad de "empujar ese legado y respetar sus principios: que su acceso esté garantizado para todos y todas, como hemos hecho recuperando la universalidad, y que el sistema esté blindado frente al negocio. Porque cuando el lucro entra por la puerta, la salud sale por la ventana y acaba alejando a nuestra sanidad de aquello para lo que fue creada".