Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha señalado este miércoles una ‘injerencia política’ en las decisiones del juez Juan Carlos Peinado, y ha calificado como ‘una barbaridad’ que este solicite a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue los correos electrónicos enviados y recibidos por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, desde julio de 2018.
En una entrevista en ‘Hora 25’ de la ‘Cadena Ser’, que fue recogida por Europa Press, Díaz ha destacado que ‘la mayoría de la comunidad jurídica realiza una labor excepcional’, aunque ha criticado que ‘como en todo en la vida’, existen ‘conductas y prácticas en algunos jueces y juezas que evidencian irregularidades’.
La vicepresidenta ha continuado describiendo situaciones en el ámbito judicial que, en su opinión, ‘son claras muestras de injerencia en la vida política’. ‘Que un juez cite a la mujer del presidente del Gobierno cinco días antes de una convocatoria electoral de las europeas es una injerencia política’, ha manifestado Díaz, que también ha reprochado al juez Eloy Velasco por decir ‘barbaridades’ sobre la exministra y dirigente de Podemos Irene Montero.
‘No se puede consentir. Los jueces y las juezas no son intocables’, ha concluido la vicepresidenta del Gobierno.
NEGOCIACIÓN DE PRESUPUESTOS
Díaz ha defendido que el Gobierno cumpla con el ‘mandato constitucional’ y presente los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que ya están en proceso de negociación. Ha expresado que es obligación del Gobierno, aunque ha indicado que ‘la responsabilidad’ de que se aprueben o no o no se logren ‘no es del Gobierno, sino de las fuerzas políticas que tenemos enfrente’.
‘El decreto de las renovables, ¿la responsabilidad es del Gobierno? Ha creado un decreto que reducía el coste de la energía, que descentralizaba y democratizaba la energía, ha hecho un decreto mejorable, pero positivo. Que las fuerzas políticas lo rechacen perjudicando a la población, eso no es responsabilidad del Gobierno’, ha comentado Díaz, quien además ha aumentado la presión sobre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticando que su partido vote en contra de medidas que benefician al pueblo.